Madrid.- Uno de los principales imputados en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar licencias municipales a cambio de dinero, Joaquín Fernández de Castro -ex jefe del departamento de Evaluación Ambiental-, ha reconocido hoy que existían presiones para adelantar expedientes.
Uno de los principales imputados en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar licencias municipales a cambio de dinero, Joaquín Fernández de Castro -ex jefe del departamento de Evaluación Ambiental-, ha reconocido hoy que existían presiones para adelantar expedientes.
Así lo ha manifestado Fernández de Castro ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el juez Santiago Torres, que le ha interrogado de nuevo hoy por su participación en los expedientes relativos a la discoteca Moma -clausurada recientemente a raíz de la muerte del joven Álvaro Ussía en otro local de ocio-.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el antiguo responsable del citado departamento de la Concejalía de Medio Ambiente, superior directo del presunto jefe de la trama, Victoriano Ceballos (jefe de la división de impacto ambiental), ha admitido que las presiones provenían del director general, del coordinador, del gerente, y en última instancia, de los concejales.
"Si lo ordenaban, se adelantaban los expedientes", ha señalado Fernández de Castro, según las mismas fuentes.
En declaraciones a los periodistas, el ex jefe de Evaluación Ambiental ha dicho que está "muy tranquilo" porque no tiene nada que ver con la trama de corrupción y ha asegurado que no realizó ningún tipo de informe.
"Nunca autoricé nada", ha aseverado Fernández de Castro, que ha subrayado que en el expediente de la discoteca Moma sólo firmó "un apartado" para que pasase a ser tramitado por la Junta de Distrito de Chamberí.
El juez también ha tomado declaración a siete de la veinticinco dueños de locales de ocio y establecimientos de la ciudad a los que ha imputado recientemente a raíz de las anotaciones de las agendas intervenidas en la causa a los empresarios Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, detenidos al inicio de la llamada "operación Guateque" y en libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el pasado 24 de enero.
Estos dos imputados hacían supuestamente de intermediarios entre el Ayuntamiento y las empresas, tramitando las licencias a cambio del cobro de una comisión.
Las fuentes consultadas han informado de que los siete imputados, sin embargo, han negado haber abonado cualquier tipo de comisión y que han sostenido que "sólo pagaron lo que figura en las facturas".
Entre los empresarios citados hoy figuran los titulares de locales situados en el barrio de Salamanca de varios restaurantes, una joyería o una tienda de muebles de oficina de la cadena Ofiprix.
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