Bogotá.- América celebrará mañana los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con avances limitados en esta materia y la necesidad de atender temas urgentes como la violencia contra las mujeres, la inseguridad y las condiciones en las cárceles.
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, aprovechó esta fecha para instar a los Gobiernos a que sea un día "para la acción y no solo de celebración".
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, aprovechó esta fecha para instar a los Gobiernos a que sea un día "para la acción y no solo de celebración".
AI destacó en un comunicado las violaciones masivas de derechos humanos en conflictos armados, la violencia contra las mujeres y los niños y el uso de la tortura, entre otros, como los fracasos a superar.
Y precisamente en América, varios de estos fracasos, sumados a la inseguridad, la desigualdad, la impunidad y las precarias condiciones penitenciarias suponen las promesas incumplidas en materia de derechos humanos.
En México, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que en los últimos años han persistido las violaciones a las garantías fundamentales e incluso advirtió de retrocesos como los abusos de la autoridad contra los ciudadanos, en materia de seguridad pública y condiciones carcelarias.
A este panorama se suma el flagelo del narcotráfico, que según cifras oficiales, ha causado en lo que va del año la cifra récord de 5.376 asesinatos en México.
Para EE.UU., la existencia de la prisión para sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo, en Cuba, en donde permanecen 250 detenidos, sigue siendo el principal foco de las críticas de los activistas.
El presidente electo, Barack Obama, ha prometido cerrar Guantánamo y juzgar a los detenidos en tribunales civiles o militares ordinarios, en contraposición con el método actual de tribunales antiterroristas.
Centroamérica y el Caribe afrontan como sus principales retos la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación.
En El Salvador, las pandillas son culpadas por las autoridades de cometer al menos el 75 por ciento de los homicidios que se registran a diario.
Datos oficiales indican que los asesinatos bajaron un 10,2% entre enero y noviembre pasados, de 3.238 a 2.907, un promedio de 8,7 al día, la menor tasa que el país ha reportado en los últimos años.
Por su parte, en Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, denunció que entre en los 11 primeros meses del año se registraron al menos 5.113 homicidios.
En ese país, las víctimas del conflicto armado (1960-1996), que dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, aseguran que la falta de castigo a los responsables del genocidio constituye un retroceso para la justicia.
La Red de Derechos Humanos de Panamá indicó en un informe que las comunidades indígenas están entre las más afectadas y que la insuficiencia e ineficacia de los recursos se manifiesta, además, en la crítica situación del sistema penitenciario y en la vulnerabilidad de los derechos de los niños y de los adolescentes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana, Manuel María Mercedes, declaró hoy a Efe que los enfrentamientos entre civiles y policías, que han causado unos 350 muertos en lo que va del año, representan uno de los problemas por atender en este país.
Mientras tanto en Cuba, cuyo Gobierno suscribió en febrero pasado dos convenios internacionales en las Naciones Unidas, el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Civiles y Políticos, representantes de la disidencia interna denunciaron hoy la detención de al menos veinte opositores.
La oposición demanda la liberación de todos los presos políticos, que, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, ascienden a 219 casos documentados.
A su vez, en Puerto Rico el director de la Comisión de Derechos Civiles, Vance Thomas, explicó hoy a Efe que, a pesar de que la Constitución de Estado Libre Asociado de 1952 prohíbe la pena de muerte, hay cuatro personas que pueden enfrentar este castigo "en virtud de una ley federal".
La situación en Suramérica no es distinta, aunque se observan avances en países como Argentina y Perú.
Activistas consideran que el juicio al ex presidente peruano Alberto Fujimori por crímenes contra los derechos humanos constituye un hecho sin precedentes en la justicia local.
AI destacó en un informe reciente la lucha contra la impunidad en Argentina, en alusión a los juicios en contra de los represores de la dictadura (1976-1983).
Sobre Chile, elegido este año como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional señaló que los puntos pendientes en este ámbito se centran en el maltrato a los indígenas, la violencia contra las mujeres y la situación carcelaria.
En Colombia, que mañana presentará su Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales alertaron que desde la llegada de Álvaro Uribe al poder, en 2002, 13.634 personas han muerto "fuera de combate".
De otro lado, en Venezuela, la inseguridad ciudadana por la violencia delictiva es identificada por todas las encuestas como la principal violación a los derechos humanos.
Uruguay, entretanto, afronta como uno de sus temas por resolver la situación penitenciaria, ya que el 75 por ciento de los reclusos es menor de 30 años, según el ex canciller Reinaldo Gargano.
Mientras, el Gobierno de Bolivia resaltó el avance en el respeto a la igualdad y a la inclusión de los sectores pobres.
Con motivo de este aniversario, una encuesta conocida hoy reveló que la ONU es considerada como la institución que debe promover activamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tener poder para investigar su violación.
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