El PP cuestiona la "austeridad" anunciada por el Gobierno para 2009

Oviedo.-  El Grupo Parlamentario Popular ha cuestionado hoy la "austeridad" anunciada por el Gobierno regional en la administración autonómica de cara a 2009 ante la negativa coyuntura económica, especialmente en lo relativo al número de altos cargos del Ejecutivo regional y a los salarios que perciben.

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(EFE)

La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, durante su comparecencia hoy ante la Comisión de Economía del Parlamento autonómico, para informar del presupuesto de su departamento para 2009.

"La austeridad brilla por su ausencia", ha afirmado hoy el diputado del PP Ramón García Cañal durante la comparecencia ante la Comisión de Economía del Parlamento autonómico de la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, para informar del presupuesto de su departamento para 2009.

Así, según el parlamentario popular, el número de altos cargos ha pasado de 74 en el año 2003, tras asumir las competencias de sanidad y educación, a 86 en 2009 y que el personal eventual de gabinete ha aumentado desde las 38 personas de hace cinco años a las 61 de que dispondrá el Principado de cara al próximo ejercicio.

Según los datos del PP, en dicho periodo el coste de personal en la administración regional ha aumentado un 6,7 por ciento de media anual mientras que en los organismo y entes públicos dependientes del Principado esta subida ha alcanzado el 10,5 por ciento.

Para García Cañal, la "austeridad" anunciada hace meses por el Gobierno regional ante la negativa situación económica fue "una trampa a la sociedad" después de que el Ejecutivo autorizara un pago de 5.000 euros en concepto de productividad para sus altos cargos, subida que no aparece contemplada de cara a 2009.

Según la consejera, la decisión de aplicar o no de nuevo esta subida en el próximo ejercicio no se ha adoptado todavía y ha recordado que el pago de este concepto se llevó a cabo para evitar que los directores generales, en su mayor parte funcionarios, cobrasen menos que sus inferiores jerárquicos tras las subidas derivadas de la aplicación de la carrera profesional.

Migoya ha subrayado que el salario de los altos cargos en 2009 se congelará respecto al ejercicio actual y que la prohibición de pagar la productividad a los altos cargos, una medida única en el conjunto de España, fue aprobada "con total transparencia" mediante un proyecto de Ley que fue además respaldado por el PP.

Además, Migoya ha recordado que en la etapa de García Cañal como consejero del Gobierno regional se gestionaba una administración "de juguete" comparada con la actual ya que contaba con 4.311 empleados públicos frente a los más de treinta mil actuales.

La consejera ha incidido en que el PP contaba con 41 altos cargos y 31 contratados como personal eventual de gabinete con lo que, de aplicarse esa proporción a la situación actual, el Principado debería contar con 173 altos cargos en lugar los 86 de que ahora dispone y con 131 miembros de gabinetes frente a los 63 actuales.

"Ustedes sí que salían caros a los asturianos", ha concluido.

El presupuesto de la Consejería de Administraciones Públicas se eleva a 196,9 millones de euros, lo que representa un 6,8 por ciento de aumento respecto a 2008, de los que el 50 por ciento se destinarán a inversión con objetivos como la modernización de la administración autonómica así como avanzar en la competitividad de las empresas asturianas, según ha indicado Migoya.

Así, el grueso de los recursos de este departamento se destinará a la administración local, con 70,6 millones, de los que un 88 por ciento estará destinado a inversiones que permitirán acometer más de 200 obras en los 71 concejos de menos de 20.000 habitantes.

De los 70,6 millones para la administración local, el 88 por ciento de destina a inversión, lo que permitirá acometer más de 200 obras en los 71 concejos que tienen menos de 20.000 habitantes.

Por lo que respecta a la sociedad de la información, a la que se destinarán 73,6 millones, destacan las partidas destinadas al desarrollo de la administración electrónica, con 7,4 millones, y la extensión de fibra óptica hasta el hogar, que absorbe 5,4 millones, así como el apoyo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del sector empresarial, con 6,62 millones.

También se reserva una partida de 2,3 millones para la modernización de la administración de justicia, que, en opinión de la consejera, permitirá abordar un proceso de cambio renovando su equipamiento informático.