La Paz.- La Iglesia católica boliviana pidió hoy a los jóvenes opositores y autonomistas que le solicitaron "asilo" en la catedral de la ciudad oriental de Santa Cruz que antes agoten las "instancias encargadas de velar por la Justicia".
El peor episodio de la ola de protestas en Bolivia se vivió en Pando (norte), donde murieron 20 campesinos oficialistas y dos funcionarios de la Prefectura, afines a la oposición.
Marcial Chupinahua, portavoz del cardenal Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz, dijo a Efe que sólo se puede acudir a la Iglesia en caso de que esas "instancias o procedimientos" hayan sido rebasados y este "en riesgo la vida y la dignidad de la persona".
"Si no están las condiciones dadas, y la situación no amerita, no habría necesidad de traspasar el rol de esas instancias", agregó Chupinahua, en referencia a los 15 militantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que esta semana solicitaron "asilo" a la Iglesia.
Los jóvenes autonomistas pidieron refugio en la catedral de Santa Cruz, donde el martes llegaron a encerrarse por unas horas, porque temen verse afectados por las detenciones que los últimos días ha realizado la policía en coordinación con la Fiscalía.
La Fiscalía ha detenido y procesado a varios líderes cívicos opositores por su presunta implicación en atentados a gasoductos y agresiones a jefes policiales durante las protestas sociales y políticas desencadenadas entre agosto y septiembre.
Las últimas aprehensiones fueron practicadas el miércoles en el departamento de Tarija, desde donde tres miembros del opositor Comité Cívico fueron trasladados a La Paz por su presunta implicación en un atentado contra el gasoducto que abastece Brasil.
Las protestas de septiembre también derivaron en la toma de oficinas del Estado en las regiones gobernadas por la oposición, entre ellas Santa Cruz, donde participaron miembros de la UJC, encabezados por David Sejas, uno de los que ahora solicita asilo.
El peor episodio de la ola de protestas se vivió en Pando (norte), donde murieron 20 campesinos oficialistas y dos funcionarios de la Prefectura, afines a la oposición, según el informe de la misión enviada por la Unión de Naciones Sudamericana.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic, de quien no se conoce el paradero, denunció en el diario El Deber que en las detenciones "no se cumplen los procedimientos de ley" y "se secuestra a las personas".
"No está funcionando la justicia en Bolivia, lo que hay es una persecución política", agregó Marinkovic, al que el Gobierno ha pedido que no huya del país y vaya preparando su defensa porque va a ser uno de los próximos arrestados.
Según el empresario, el Gobierno lo que ha hecho ha sido "inventar una historia sobre una voladura de un ducto, un hecho que nunca ocurrió, lo que demuestra que hay una persecución política".
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