El pacto sobre la financiación autonómica y el aniversario de la Constitución marcan la sesión del pleno extremeño

Mérida.-  La aprobación de una declaración institucional con motivo del trigésimo aniversario de la Carta Magna y del pacto para que Extremadura acuda con una única voz a la negociación sobre la financiación autonómica han marcado el pleno del Parlamento regional.

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(EFE)

Vista del pleno de la Asamblea de Extremadura.

Una sesión que se ha iniciado con un minuto de silencio en protesta por el último atentado de ETA y en la que la Asamblea ha renovado su compromiso con la Constitución Española "para seguir defendiendo y fortaleciendo los valores que representa en un momento decisivo para España".

La declaración institucional destaca que la Constitución,"además de ser la garantía de nuestros derechos y libertades y de reconocer y articular nuestra pluralidad y de ser nuestra norma básica de convivencia, también es el motor fundamental de nuestro progreso común".

Este progreso, según el texto, "nos pertenece a todos, porque la modernización de España es el fruto de la generosidad y el esfuerzo de toda la ciudadanía, de todos los actores políticos y agentes sociales, y de todas las administraciones".

El Pleno del Parlamento ha aprobado también el pacto que alcanzaron los grupos de la Cámara, PSOE y PP, para que Extremadura acuda con una única voz a la negociación sobre la financiación autonómica, de acuerdo con los principios de suficiencia financiera, autonomía e igualdad.

Esta propuesta de impulso, presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Popular, no ha podido salir adelante con unanimidad, ya que una diputada se ha confundido y ha votado en contra, por lo que ha prosperado con 58 votos a favor y uno en contra.

El diputado del PSOE Jorge Amado ha destacado que pactos como éste "colocan a la política extremeña al nivel que esperan los ciudadanos", y ha insistido en que Extremadura acudirá a la negociación sobre la financiación autonómica con "los principios irrenunciables de igualdad y solidaridad interterritorial", que recoge la Constitución.

La portavoz del PP, Teresa Angulo, por su parte, ha destacado la actitud de su grupo de "tender la mano" para que los extremeños acudan "unidos y en una situación de fortaleza" a la negociación y ha instado a Fernández Vara a que, desde esta posición "defienda sin resquicios" los intereses de la región sin ceder a presiones partidistas.

El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, ha comparecido a petición propia para informar sobre la revisión de la PAC y ha reiterado el compromiso de la Junta y del Gobierno con los tabaqueros extremeños.

En este sentido, ha anunciado que hoy se constituye en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino una comisión para empezar a diseñar el plan de apoyo a ese sector.

El consejero ha hecho hincapié en la importancia de que esta negociación haya supuesto un reconocimiento a la agricultura como un sector estratégico, "al que hay que seguir apoyando con fondos comunitarios" y que se hayan sentado las bases para "seguir hablando de la PAC a partir de 2013".

Por otra parte, el Grupo Socialista ha defendido la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, entre Plasencia y Astorga, y ha acusado al Gobierno de Castilla y León de frenar este proceso al no suscribir un acuerdo con el Gobierno central.

Precisamente por este hecho el PSOE ha rechazado hoy una propuesta de impulso presentada ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura por el PP en la que se instaba a la Junta a requerir al Gobierno central la puesta en marcha de este corredor a la mayor brevedad.

El pleno ha rechazado también hoy, con los votos en contra del PSOE, otra propuesta de impulso formulada por el PP por la que se instaba a la Junta a llevar a cabo estudios sobre especies acuáticas que están desapareciendo y sobre las que están proliferando, así como sobre la degradación de las aguas de los ríos por diversos factores.

En el apartado de preguntas al Gobierno, la vicepresidenta primera de la Junta, Dolores Pallero, ha defendido que la Administración adopta todas las medidas necesarias para garantizar la custodia de los menores que tiene a su cargo sin renunciar a que los centros de acogida sean "lo más parecido a un hogar y familia".