Sevilla.- La institución del Defensor del Pueblo Andaluz cumple hoy 25 años al servicio de los ciudadanos y en favor de la integración de los más desfavorecidos, un camino que arrancó con buenas intenciones y que se ha convertido en una herramienta eficaz en la elaboración de políticas sociales.
La institución del Defensor del Pueblo Andaluz cumple hoy 25 años al servicio de los ciudadanos y en favor de la integración de los más desfavorecidos, un camino que arrancó con buenas intenciones y que se ha convertido en una herramienta eficaz en la elaboración de políticas sociales. En la imagen, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, durante una entrevista concedida a Efe.
La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz apareció recogida por primera vez en el Estatuto de Carmona de 1981, aunque hubo que esperar al 1 de diciembre de 1983 para que se regularan sus funciones mediante una ley.
Durante estos 25 años, han pasado por este cargo Manuel Conde Pumpido-Ferreiro (familiar del actual fiscal general del Estado) y José Chamizo, que ostenta este cargo desde 1996.
Además, Jesús Maeztu, que en la actualidad dirige el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla, fue defensor en funciones durante 18 meses, el tiempo que tardó el Parlamento en lograr la mayoría de 3/5 que precisa la elección del defensor.
En sus 25 años de vida, este órgano de extracción parlamentaria ha recibido más de 100.000 consultas, ha tramitado 90.000 quejas y ha remitido 45 informes especiales a la Cámara Legislativa.
Además, el Defensor del Pueblo Andaluz siempre ha sido una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, que han sabido reconocer su servicio a la sociedad y al desarrollo de la comunidad.
De hecho, se ha convertido en un referente de las políticas sociales y ha destacado por su labor en favor de la integración de los colectivos más desfavorecidos, como inmigrantes o discapacitados.
Tal es la importancia de este órgano que en el artículo 41 del nuevo Estatuto de Andalucía, aprobado en referéndum en febrero de 2007, se dice que corresponde al Defensor velar por la defensa de los derechos sociales recogidos en el título I.
Para José Chamizo, la labor de esta institución ha sido fundamental en el desarrollo de la comunidad y una de las primeras señas de su autogobierno, ya que el Defensor del Pueblo Andaluz fue la primera institución de estas características que apareció en una región autónoma tras la creación del Defensor del Pueblo Español en la Constitución de 1978.
Ahora, tras un cuarto de siglo, este órgano necesita algunas actualizaciones para encarar los retos del siglo XXI y que pasan, inevitablemente, por una reforma de la Ley que regula sus funciones, que data de 1983.
Acabar con la brecha digital existente por la aparición de las nuevas tecnologías, el problema de acceso a la vivienda, la garantía de una renta básica o la protección de los denominados "sin techo" son algunos de los retos a los que se enfrenta este órgano.
Chamizo ha declarado hoy a Efe que estos cambios son necesarios, especialmente desde que el nuevo Estatuto convierte al Defensor del Pueblo en garante de los derechos sociales.
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