La manifestación contra la nueva ley escenifica la soledad de Ernest Maragall

Barcelona.-  Una manifestación de unas 5.000 personas, según los organizadores, frente al Parlament de Cataluña ha escenificado esta mañana la soledad que afronta el conseller Ernest Maragall (PSC) para sacar adelante la futura Ley de Educación.

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(EFE)

Asistentes a la concentración convocada por sindicatos y asociaciones de padres en contra de la Ley de Educación de Cataluña hacen ondear banderas de Cataluña con el anagrama de UGT.

Al acto de protesta, que ha estado marcado por su carácter festivo, no sólo han acudido las entidades convocantes, incluyendo múltiples asociaciones educativas además de UGT y CCOO, sino que también lo han hecho representantes de los socios de gobierno del PSC en el tripartito catalán.

A la manifestación han ido, entre otros, el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera; la diputada en el Parlament Dolors Camats, o el diputado de ERC, Josep Maria Freixenet, además del líder de EUiA, Enric Miralles.

"Nosotros no venimos con banderas ni con signos del partido, pero venimos a escuchar", ha justificado el diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Freixanet, quien ha asegurado que "no entramos a valorar las reivindicaciones de los convocantes, sino a escuchar, porque se trata de una ley importante y hay que tener en cuenta una manifestación de este tipo".

Joan Herrera, cuyo partido sí que estaba ostensiblemente presente en la protesta, ha evitado criticar a Ernest Maragall asegurando que "nosotros no nos hemos movido, estamos donde estábamos, defendiendo el Pacto Nacional por la Educación y un mayor peso de la enseñanza pública".

Más directo ha sido el secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Coscubiela, que ha asegurado que "esperamos que el Parlament sepa escuchar lo que no ha sabido escuchar el señor Maragall".

"El conseller Maragall tiene que dedicar menos tiempos a publirreportajes y más a escuchar a la comunidad educativa", ha denunciado un Coscubiela que ha lamentado que "Maragall ha preferido pactar con los lobbys de la educación privada que asumir el Pacto Nacional de la Educación".

Coscubiela ha resumido el motivo de la protesta en que "la Ley de la Educación no puede consolidar la segregación de alumnos por su nivel económico, ha de respetar la laicidad del sistema y ha de evitar que se puedan separar a los alumnos por sexos".

Josep María Álvarez, secretario general de UGT en Cataluña, ha coincidido con estas críticas y ha lamentado que "con la nueva ley se pierda la oportunidad de que el Pacto Nacional por la Educación favoreciera una buena norma".

Roser Font, secretaria de Educación de UGT, ha señalado que "mejorar la educación quiere decir más financiación" y ha recordado que "el Pacto Nacional por la Educación asume el compromiso de que el gasto en educación alcance el 6% del PIB en seis años, algo que ya se ha empezado a incumplir en los últimos presupuestos".

Font ha explicado que el objetivo es "presentar enmiendas a través de los diversos grupos parlamentarios" para modificar todos los puntos que no les gustan de la nueva Ley de Educación.

Las asociaciones de padres Fapac y Fapaes, varias de estudiantes, y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica ha dado apoyo a CCOO y UGT, tal y como ha recordado Montse Ros, de la Federación de Educación de CCOO.

Las organizaciones que promueven la concentración reivindican una Ley de Educación que cumpla los contenidos del Pacto Nacional de Educación (PNE), que consiguió el aval de toda la comunidad educativa y partidos políticos en 2006, ante el convencimiento de que el actual proyecto de ley no contiene las suficientes medidas para garantizar una escuela pública de calidad.

Los manifestantes, los cuales han optado en muchos casos por acudir al acto en familia, han consensuado unas enmiendas al proyecto de ley que presentaron la semana pasada de manera conjunta a los diferentes grupos parlamentarios con la esperanza de que puedan asumir su defensa.

Estas enmiendas se centran básicamente en subrayar el carácter público y gratuito de la educación y en la necesidad de que todos los centros financiados con fondos públicos (públicos y concertados) garanticen condiciones de igualdad y equidad para atender a todo el alumnado.