La ley resolverá "lagunas" de la situación de las víctimas de atentados en el extranjero

Sevilla.-  La futura Ley integral de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo, que elabora el Gobierno, recogerá que los derechos de éstas no prescriban y resolverá "plenamente" la situación de los españoles que sufran atentados en el extranjero.

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(EFE)

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, interviene en las VIII jornadas 'Comprometidos con la igualdad', organizadas por la AAVT ('Asociación andaluza de víctimas del terrorismo').

Así lo ha afirmado hoy el director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo de Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, en las VIII Jornadas "Comprometidos con la igualdad" de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT), que han homenajeado al magistrado que presidió el tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, por su defensa de este colectivo.

Rodríguez Uribes ha declarado a los periodistas que la Ley, que el Gobierno aprobará en esta legislatura, va a resolver "plenamente" la situación de las víctimas de atentados en el extranjero, "ya resuelta en buena medida, aunque quedan flecos", y la de las de "secuestros exprés" en este ámbito, lo que no reconocía la de 1999.

"Dada la situación, sobre todo del terrorismo internacional, que está desgraciada y plenamente vigente, cualquier norma de reconocimiento a las víctimas debe ser una ley abierta a situaciones que se produzcan en el futuro, sin un plazo ni con un límite temporal", ha indicado el director general de Apoyo a las Víctimas.

Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), ha apoyado que la ley resuelva esa "pequeña laguna" que existe respecto a las víctimas de atentados en el extranjero y ha aludido a los actos terroristas en Bombay (India) al recordar que "precisamente hay dos turistas catalanes heridos".

En cualquier caso, ha dicho a los periodistas que la Audiencia "se declara competente para perseguir esos delitos de terrorismo en el extranjero cuando hay víctimas españolas", por lo que "si no se solucionara por vía legal, cualquier acción de las víctimas" ante la AN "sería tramitada por el correspondiente juez de instrucción".

También ha considerado "positivo" el proyecto de Ley de apoyo a las víctimas que elabora el Gobierno, proceso que empezó en octubre pasado con la reunión celebrada "por primera vez" con todos los colectivos de víctimas del terrorismo y que presidió el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado el director general.

Para el magistrado de la AN, la legislación española es "la más avanzada del mundo" en protección a las víctimas, sobre todo de los delitos de terrorismo y violentos, aunque "siempre es poco porque estábamos muy atrás todos, pues en el mundo la víctima no existía".

Por ello, ha añadido, la Ley "debe abordar qué ocurre con el agravamiento de las lesiones de las víctimas después de sentencia", pues ésta "las valora y se le indemniza en razón de ello, pero si luego se agravan esas lesiones, la víctima se ve desamparada porque tiene que acudir en teoría a un proceso civil" que es muy complejo.

"Eso hay que resolverlo por vía de ley y permitir que sea la Audiencia Nacional la que en esos casos revise las indemnizaciones impuestas en sentencia, incluso firme, con carácter sólo civil, para que muchísimas víctimas que a lo largo de los años han empeorado su situación puedan ser resarcidas", ha recalcado Gómez Bermúdez.

El juez ha matizado que de esas revisiones puede encargarse la Audiencia, "pero también una oficina administrativa".

Ha apoyado la petición de las víctimas, como ha reclamado en las jornadas uno de los veteranos del colectivo, Juan Domínguez, de 84 años, de que nunca prescriban sus derechos, pues administrativamente hay "unos plazos para ejercerlos y es razonable que se dilaten mucho más en el tiempo o que se arbitre un mecanismo para evitar que, por desconocimiento o por estar bajo un shock, pierdan derechos".

Por su parte, el director general ha subrayado que la futura Ley "simplificará el sistema y aumentará el apoyo a las víctimas", y que pretenden que sea "una norma final, que cierre el sistema español de atención a las víctimas que, con algunas lagunas, es uno de los más avanzados del mundo".