Valladolid.- El coordinador del grupo investigador sobre el derecho en las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Valladolid (UVa), Ricardo Mata, ha asegurado hoy que la mejor fórmula para tratar los delitos informáticos es actuar con cautela "aplicando, en lo posible, el contenido del derecho ya existente".
El coordinador del grupo investigador sobre el derecho en las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Valladolid (UVa), Ricardo Mata, ha asegurado hoy que la mejor fórmula para tratar los delitos informáticos es actuar con cautela.
Mata ha realizado estas declaraciones a Efe durante la celebración en Valladolid de la I Jornada sobre Derecho y Tecnologías de la Información, en la que diversos expertos debaten acerca de temas como la protección de datos en estas plataformas, las libertades y obligaciones de sus usuarios y los límites de actuación del derecho en este campo.
En la primera ponencia de estas jornadas, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona María Luisa Corcoy, ha afirmado que "las nuevas tecnologías e internet plantean una serie de problemas nuevos e inquietantes que es necesario examinar para orientar a legisladores y jueces".
Mata ha explicado que es difícil legislar de forma específica sobre los delitos que se cometen a través de las nuevas plataformas tecnológicas, pues la mayor parte de las veces tienen manifestaciones ya existentes.
"Un delito contra la propiedad intelectual puede darse, tanto en un ámbito tradicional como en una plataforma digital", ha remarcado Mata, quien ha concretado que "no obstante, en los últimos años se ha legislado y se ha creado cierta jurisprudencia para casos específicos en los que ha sido necesario".
"La informática e internet han auspiciado un inmenso salto cualitativo a la hora del acceso a datos de todo tipo, sin embargo, también ha creado una serie de problemas legales que en una sociedad globalizada como la actual, no tengo muy claro cómo se deben abordar", ha reconocido Corcoy.
Entre los asuntos sobre los que el derecho ha actuado, la ponente ha situado algunos como el límite de la protección de datos, el límite entre tentativa o comisión del delito de vulneración del derecho a la intimidad, la revelación de secretos empresariales o cuál es el ámbito de la actividad de un trabajador que debe ser considerado como privado.
"¿Tiene derecho el titular de una línea a negarse a que las operadoras graben la conversación con una empresa que le llama por teléfono para explicarle alguna nueva oferta?", ha expuesto Corcoy, quien ha sentenciado que "muchas veces, ni las agencias de protección de datos tienen claro lo que hacen las empresas con estas grabaciones".
Corcoy ha ejemplificado "como caso llamativo" el de una empresa en la que sus trabajadores consideraron que se había vulnerado su intimidad, al descubrir que sus jefes estaban accediendo al correo electrónico que la organización proporcionaba a sus empleados.
"En alguno de los correos intervenidos había injurias e incluso calumnias contra los directivos de la organización, por lo que trabajadores y empresarios se personaron ante la justicia por diferentes motivos: los empleados al considerar vulnerado su derecho a la intimidad, y los dueños por apreciar un delito el contenido de algunos correos".
El Grupo de Delitos Telemáticos, creado en 1996 y perteneciente a la Guardia Civil, es el encargado de seguir e investigar los delitos que se cometen en las nuevas tecnologías, tanto en internet, como en otros nuevos soportes de la comunicación.
Entre las acciones más relevantes que ha realizado esta unidad se encuentra la Operación Cadena, mediante la que se desarticuló un fraude masivo de llamadas telefónicas y SMS a teléfonos de tarificación adicional, a través de concursos televisivos de cadenas de ámbito local; o la Operación Panzer, que culminó con la detención de los participantes de un foro en el que se distribuía pornografía infantil.
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