Buenos Aires.- El oficialismo de Argentina logró hoy vía libre para debatir la semana próxima en la Cámara de Diputados el proyecto que prevé la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó la semana pasada debatir una ley de expropiación, luego de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico".
Las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la cámara baja emitieron hoy un dictamen que habilita el debate en de la iniciativa el próximo miércoles.
El dictamen recibió el visto bueno del oficialismo y un puñado de bloques aliados, impulsores del proyecto, y fue rechazado por la oposición, que promovía otra iniciativa para expropiar solo los activos utilizables de la empresa para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas.
El proyecto oficialista, al que tuvo acceso Efe, propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" mediante un juicio.
La declaración también alcanza al resto de las empresas controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 por ciento) y de los casi 9.000 trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 por ciento).
Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, a través del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto.
Además, apunta, deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas.
Luego, la Procuración del Tesoro de Argentina promoverá "el juicio de expropiación respectivo".
La iniciativa autoriza al Estado a ceder hasta un 10 por ciento de las acciones a los trabajadores de Aerolíneas, luego de concretarse la expropiación.
El proyecto aclara que la expropiación está prevista en la Constitución argentina y "resulta plenamente aplicable para este caso".
Aun si resultara aplicable el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Argentina y España, "esta propuesta se encuadra" en lo previsto por ese convenio, agrega.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó la semana pasada debatir una ley de expropiación, luego de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico".
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
A juicio del Estado, la firma tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.
El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
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