Madrid.- La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha destacado que los acuerdos alcanzados hoy en el Consejo Territorial de la Dependencia culminan el desarrollo normativo de la ley y fijan "reglas de juego comunes" en la cofinanciación de los servicios que reconoce.
Cabrera ha señalado que nadie se va a ver privado de servicios de dependencia a los que tenga derecho, ni va a ver empeorar las prestaciones, en el caso de los que ya percibían alguna.
Además, ha explicado que los centros que prestan esta asistencia tendrán la calidad y el personal adecuado, que habrá márgenes comunes en la cofinanciación de los servicios y que cada beneficiario hará una aportación según su situación económica.
La ministra ha señalado que el cálculo de la capacidad económica del beneficiario se hará según su renta y patrimonio, y que, en el caso de los dependientes con una renta del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), 517 euros este año, estará exento de pagar cualquier servicio.
"Se acuerdan unos mínimos de calidad de los centros y servicios, respetando las competencias de las Comunidades Autónomas", ha dicho la ministra, además de fijarse la cualificación de los profesionales de la dependencia.
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado unos topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario de acuerdo con su capacidad económica y de las prestaciones y servicios que reciba de la Ley de la Dependencia.
En el cálculo del "copago", sólo computará la vivienda habitual del dependiente si no tiene personas a su cargo y necesita una plaza de residencia.
Las CCAA acreditarán a los centros para que formen parte de la red del sistema, y para ello deberán cumplir requisitos como la capacitación de los profesionales, que se requerirá progresivamente hasta completar la totalidad de todos ellos en el año 2015.
Los directores de los centros acreditados en el sistema deberán ser titulados universitarios y haber realizado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría u otros conocimientos relacionados con este ámbito de atención.
En cuanto a los cuidadores, deberán acreditar cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes, de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, o de atención sociosanitaria.
Cabrera ha recordado que la ley hasta ahora ha generado 70.000 empleos y que en 2015 se calcula que habrá 300.000 empleados en el sector.
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