Los empresarios de la noche madrileña piden que sus locales pasen una "ITV"

Madrid.-  El portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno (ECO), Vicente Pizcueta, ha sugerido hoy que las licencias de los locales se tramiten "como una ITV, con empresas certificadoras homologadas que aseguren que todo es legal" y que se puedan obtener en un plazo máximo de seis meses.

En una mesa redonda celebrada en el marco del III Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas en la que se abordó la capacidad de las leyes para regular el ocio y la diversión nocturna, los seis participantes llegaron a la conclusión de que, efectivamente, es el marco legal el que finalmente tiene capacidad para ordenar el sector.

Desde el punto de vista de los empresarios, ha señalado Pizcueta, si los promotores supieran si les será concedida o no, y por qué motivos, la licencia para poner en marcha un negocio en un plazo máximo de seis meses, "no habría ningún marco desregulado, porque si la administración contesta al empresario, y es que no, por lo que sea, no empezaría el proceso".

La jornada contó con la presencia del catedrático de Derecho Hernán Ormazábal; del subsecretario de Interior de la Comunidad de Madrid, Antonio Piñol; del secretario general de la Federación Catalana de Ocio Nocturno, Fernando Martínez; del presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Valencia, Edilberto Narbón, y del experto jurídico de ECO, Salvador Doménech.

Coincidieron en considerar que el poder judicial debe contemplarse como una herramienta para el proceso de ordenación del sector, aunque es "lento", y eso es un problema, "pero está claro que los problemas de interpretación, y los del sistema de aplicación de la ley, acudiendo al poder judicial se resuelven", ha apuntado Narbón.

"Nos permite condenar las infracciones y problemas puntuales, lo que evita la "caza de brujas" y la descalificación colectiva de un sector, además de que se tomen medidas con las que paguen justos por pecadores", abundó Pizcueta.

Otro aspecto destacado es que "termina poniendo encima de la mesa la inacción de las administraciones", entre otras cosas, "porque no se persiguen las actividades ilegales -el botellón, los lateros, los chinos- y eso es lo que provoca la mayoría de las reclamaciones de los vecinos", ha indicado Doménech.

A ese respecto, Piñol ha reconocido que el proceso normativo -que se desglosa de la ley del 97 en la Comunidad de Madrid- cubre solo una parte de la reglamentación, ya que "falta un desarrollo completo del marco legal", en cuya redacción, ha dicho, ya trabaja la administración autonómica.

La experiencia catalana, ha explicado Fernando Martínez, ha funcionado muy bien en algunos aspectos de los que no están regulados en Madrid, como la profesionalización de los porteros "controladores" a los que se les ha dado formación homologada y una condición laboral propia, de modo que son "mediadores" y no "puertas".

Además, ha explicado, la regulación imposibilita el acceso a este puesto de trabajo con antecedentes penales: "Así nos quitamos del medio a las mafias", ha señalado Martínez.

También ha indicado que, dado que los empresarios no pueden hacer ningún tipo de intervención en la calle, los catalanes han ideado la figura del "promotor del civismo", personas que sólo indican a los clientes que están fuera del local comportamientos inadecuados o que pueden molestar a los vecinos.

Narbón ha añadido que su comunidad "lleva algunos años de adelanto", ya que el primer problema al que tuvo que hacer frente fue hacer desaparecer la "ruta del bakalao", en los años 90, lo que se hizo mediante un control riguroso de las licencias de locales, tanto de los que las tenían, como los que no.

Según ha explicado, el sistema actual establece que si en tres meses la Administración no ha respondido, se da por terminado el proceso.