MADRID.- El ponente de la Constitución Gregorio Peces-Barba calificó hoy de "traición" la actitud del 'lehendakari' Juan José Ibarretxe y se pronunció a favor de una reforma electoral que sitúe a los nacionalistas "donde deben estar" y "haga justicia con IU".
El ponente de la Constitución Gregorio Peces-Barba calificó hoy de "traición" la actitud del 'lehendakari' Juan José Ibarretxe y se pronunció a favor de una reforma electoral que sitúe a los nacionalistas "donde deben estar" y "haga justicia con IU".
Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, Peces-Barba afirmó que sólo puede calificarse de "traición" que el principal representante del Estado en una comunidad pretenda abrir la puerta a "desmantelar" el Estado y confió en que los ciudadanos vascos "sean sensatos" y "castiguen a los nacionalistas" en las próximas elecciones autonómicas.
Además, el catedrático apostó por una reforma de la ley electoral que eleve a 400 los diputados del Congreso y asigne los 50 adicionales en función de los 'restos' de votos que no llegan a sumar un escaño en las circunscripciones provinciales para frenar a los nacionalistas y hacer "justicia" a IU. Eso sí, se mostró muy crítico con esta formación al afirmar que "tal vez así abandone la deriva injustificable con la que está actuando en el País Vasco apoyando las pretensiones del lehendakari".
No obstante, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que ofició de presentador en el acto, advirtió de que esta reforma electoral daría como resultado un Congreso con el mismo equilibrio de fuerzas que el actual y subrayó que IU no es el partido que más votos 'pierde' con la asignación provincial de escaños --800.000 en las últimas generales--, sino que el PSOE 'perdió' 2,2 millones y el PP 2 millones.
Durante el acto, Peces-Barba lanzó también varios dardos al PNV, recordando que no quiso entrar en el consenso constitucional y atribuyendo a sus presiones el artículo 150.2 de la Constitución, un artículo que tanto Peces-Barba como Guerra se declararon partidarios de eliminar.
Este artículo, que prevé que el Estado podrá transferir a las comunidades autónomas facultades "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" supone "dejar abierto el proceso constituyente eternamente", en palabras de Guerra.
El ex presidente del Congreso afirmó, en cambio, que el nacionalismo catalán fue "impecable" durante el proceso constituyente y opinó que "el nacionalismo catalán extremo es muy minoritario".
Así, se mostró convencido de que "digan lo que digan sus dirigentes para mantener el tipo, Cataluña no se va a inmutar si hay algún recorte sensato" en su nuevo Estatuto de Autonomía, que está pendiente del Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, afirmó que "es necesario aclarar" que en un Estado "funcionalmente federal" como el nuevo "no existe una relación directa" entre una comunidad autónoma y el Estado "de manera bilateral". En todo caso, subrayó que cuando el TC emita su sentencia, que todo el mundo debe acatar, "estará cerrado" el modelo autonómico español.
Sobre la tramitación del Estatut, Peces-Barba opinó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cometió un error al decir que aceptaría lo que aprobara el Parlamento de Cataluña y el PP también cuando "se rasgó las vestiduras" y luego aceptó cosas muy parecidas en el Estatuto valenciano, y también en el andaluz.
¿HABRÁ QUE RECORTAR OTROS ESTATUTOS?
En este sentido, se preguntó si la sentencia del TC sobre el Estatut, sobre todo si prevé recortes, tiene que aplicarse también a los estatutos valenciano y andaluz que no fueron recurridos por el PP.
Peces-Barba respaldó la reforma constitucional puntual que propuso el PSOE en la pasada legislatura y, en particular, abogó por la enumeración pormenorizada de las comunidades autónomas para que "cualquier tentación de romper el mapa autonómico desaparezca".
A su juicio, el conjunto del capítulo VIII, relativo al Estado autonómico, es "muy razonable" y "si ha habido excesos tienen que ver más con su desarrollo posterior".
Por otro lado, calificó de "impecable" la actuación del Rey en la democracia y, preguntado por el libro de Pilar Urbano sobre la Reina, opinó que en este asunto ha habido "responsabilidad in eligendo" e "in vigilando".
LEY DE MEMORIA HISTORICA
En otro orden de cosas, reiteró su respaldo a la llamada Ley de Memoria Histórica, que calificó de "prudente" y consideró que podía haberse ido más lejos en algunos puntos, pero recalcó que este asunto está en manos de gobiernos y ayuntamientos, no de los jueces.
Así, aunque calificó de "muy beneméritos" los esfuerzos del juez Garzón por impulsar las exhumaciones de víctimas, subrayó que no hay causa penal posible porque "los posibles autores del delito han muerto". Además, calificó de "discutible" que se tratara de "delitos contra la humanidad".
En este sentido, aprovechó para responder al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, por apelar al olvido mientras la Iglesia promueve beatificaciones de mártires de la guerra. Al igual que Zapatero, Peces-Barba cree que la Iglesia no puede decir "que olviden ellos, nosotros sigamos recordando".
Peces-Barba consideró que "el olvido era imprescindible" en 1976 pero que "en una sociedad normalizada" hay dos aspectos que hay que resolver, "los entierros dignos para las personas que están todavía en las cunetas" y el reconocimiento de que muchas condenas dictadas entonces se basaron en "leyes nulas por su aplicación retroactiva".
No obstante, ni él ni Guerra estuvieron de acuerdo con los que piden una "segunda transición". "Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, ¿pero una segunda transición hacia donde?", se preguntó Guerra. A su juicio, esas voces "son intentos de los que no estuvieron en la transición, o estuvieron en contra, y ahora quieren tener un papel para llevarnos a un sitio muy complicado".
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