Garzón procesa a 'Txeroki' por ordenar a otro etarra que atentara en la Copa América de Vela de 2007

MADRID.-  El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó hoy el procesamiento del presunto jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', por ordenar al también etarra Iker Agirre Bernadal que atentara contra las instalaciones de la Copa América de Vela que se celebró en Valencia en 2007 y llevara a cabo una 'campaña de verano' de acciones terroristas en la costa levantina.

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Reuters (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó hoy el procesamiento del presunto jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', por ordenar al también etarra Iker Agirre Bernadal que atentara contra las instalaciones de la Copa América de Vela que se celebró en Valencia en 2007 y llevara a cabo una 'campaña de verano' de acciones terroristas en la costa levantina.

Según el auto de procesamiento, el segundo que dicta la Audiencia Nacional contra 'Txeroki' desde que fuera detenido el pasado día 17, el jefe de los 'comandos' ordenó a Agirre que cometiera acciones terroristas en Valencia en enero de 2007, cinco meses antes de que ETA diera por finalizado el alto el fuego permanente que decretó en marzo de 2006.

Garzón señala en su resolución que 'Txeroki' le dio a Agirre una "relación precisa y concreta de los objetivos en España contra los que había que atentar", entre los que se encontrban "las infraestructuras del puerto" donde se iba a celebrar la Copa América. También le concretó los actos y ceremonias que estaban programados durante el evento y los hoteles y delegaciones que se iban a celebrar.

ATENTADOS EN CENTROS DE OCIO

De igual modo, el jefe militar de ETA le ordenó que se trasladara a Alicante para que allí recabara información sobre centros turísticos y complejos hoteleros y de ocio para que allí realizara "una campaña de atentados en verano, teniendo en cuenta que la costa levantina tiene una afluencia multitudinaria de turistas".

También le entregó 3.047,97 euros y material de la organización que Agirre ocultaba en las suelas de sus zapatos cuando fue detenido el 25 de enero de 2007 en Portbou (Girona) a bordo de un tren que hacía el recorrido entre Montpellier y Alicante. En concreto, el etarra portaba consigo seis documentos de identidad falsificados, cinco folios en euskera con dibujos y esquemas sobre la composición y la fabricación de explosivos, así como un 'manual del terrorista' que explicaba el modo de actuar y las medidas de seguridad que debía adoptar para no ser detenido.

Por estas actividades, Garzón procesa a 'Txeroki' y Agirre por los delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y/o asesinatos terroristas y falsificación de documentos terroristas. Asimismo, cita a Agirre el próximo viernes para tomarle declaración indagatoria y solicita informes policiales sobre la celebración de la Copa América.

'THIERRY' LE INSTRUYÓ CON LOS EXPLOSIVOS

El instructor también procesa en esta causa al presunto número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', detenido en Burdeos el pasado 20 de mayo. Según el juez, entre marzo de 2004 y ese mismo mes de 2005, Agirre visitó a 'Thierry' en al menos cuatro ocasiones para que éste le instruyera en el manejo de armas, la confección de artefactos explosivos y el aprendizaje para actuar con las convenientes medidas de seguridad.

El procesamiento por integración en organización terrorista también afecta a otros cuatro etarras: Aitzol Iriondo Yarza, 'Asier', que le trasladó a París el 21 de enero de 2007, antes de que se desplazara a España; Asier Eceiza Ayerra, 'El Gordo', con el que convivió en una casa en la que estuvo hasta finales de 2006; Pedro María Álvarez Saleta, 'Jon', que le prestó cobertura en 2005; y Iurgi Mendirueta, 'Aitor', que le trasladó a otra vivienda diferente, donde estuvo hasta principios de 2006. Garzón también ratifica las órdenes europeas de detención que existen contra los seis etarras.

De igual modo, aprovecha su auto para destacar que, de momento, no puede tomar medidas que garanticen la responsabilidad civil de los procesados porque no existe ninguna solicitud en este sentido por parte del Ministerio Fiscal.