El Gobierno acometerá en los próximos meses una reforma fiscal global

Santander.-  El Gobierno de Cantabria acometerá en los próximos meses una reforma fiscal "global" de todos los impuestos, para redistribuir la carga tributaria de manera "más justa, más eficiente y más sostenible".

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, ha hecho este anuncio en el pleno del Parlamento, durante el debate de la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, presentada por el PP a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña al presupuesto y que ha sido rechazada por PRC y PSOE.

La modificación fiscal se afrontará en los próximos meses, cuando se defina el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, que aumentará el porcentaje de tributos cedidos y que el el consejero confía en que se apruebe en el 2009.

Según Agudo, la reforma será "completa y compleja", afectará a todos los impuestos y tendrá como objetivo redistribuir la carga tributaria, para hacerla "más justa".

Las reformas irán en la línea de las planteadas por el primer ministro británico, Gordon Brown, y por el presidente electo de Estados Unidos, Barak Obama, que reducen la carga impositiva a las rentas medias, ha explicado.

El consejero ha subrayado que el Gobierno regional ha hecho ya un "ejercicio de responsabilidad" y una apuesta por analizar en profundidad su capacidad tributaria a través de la creación de la Agencia Tributaria de Cantabria, cuya ley ya ha sido aprobada por el Parlamento.

Durante el debate, el PP ha defendido su propuesta alternativa a la Ley de Acompañamiento del Gobierno, en la que propone deducciones fiscales para las familias y las empresas con el objetivo de reactivar la economía.

Así, se plantea una deducción del 99 por ciento en las donaciones en metálico entre padres e hijos cuando tengan como finalidad la compra de una primera vivienda o la apertura de un negocio, ha explicado en el pleno el diputado popular Julio Bartolomé.

La propuesta alternativa del PP incluye también una rebaja del 70 por ciento en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para menores de 30 años, familias numerosas o personas con discapacidad.

Bartolomé ha criticado que el Gobierno utilice una vez más la Ley de Acompañamiento como "un cajón de sastre", para modificar leyes y aumentar tasas, aunque también ha reconocido que durante la tramitación del proyecto de ley en comisión puede haber acuerdos.

El consejero de Economía le ha replicado que las bonificaciones en el impuesto de donaciones que plantea el PP supondrán un ahorro de 40.000 euros.

"Esa es la gran reforma del PP, un ratón que salió debajo de una montaña", ha afirmado Agudo, quien además ha apuntado que los populares proponen ahora reducir el impuesto que grava los actos jurídicos documentados porque cuando gobernaba lo aumentó.

La regionalista Alodia Blanco ha calificado el debate de "estéril", ha opinado que el momento para plantear una reforma de tributos será cuando se apruebe el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y ha pedido al PP que aclare que impuestos subiría para mantener el gasto social.

La socialista Ruth Carrasco ha acusado al PP de "intoxicar" el debate y tratar de "echar el muerto a otro" para tapar que allí donde gobierna sube las tasas, al tiempo que ha reconocido que la ley de acompañamiento no es la técnica legislativa "favorita", pero "la necesidad manda".

Durante el debate en el pleno, el consejero ha defendido también la subida del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos recogida en la Ley de Acompañamiento.

Agudo ha explicado que el coste del transporte y tratamiento de los residuos es de 90 euros por tonelada al año, de los cuales 40 son imputables al sobrecoste de la planta de Meruelo, que va a costar 900 millones de euros en los próximos 35 años.

De los 90 euros, el ciudadano paga 31,8 y en el próximo año 37,79, con lo que la repercusión mensual es de 22 céntimos de euro por ciudadano.

El canon de saneamiento sube un 5 por ciento, lo que supone que cada ciudadano pagará 8 céntimos más al mes. "Otro escándalo", ha ironizado Agudo, quien ha subrayado que las directivas comunitarias obligan a acercar la tasa al coste de los servicios.

Agudo ha asegurado que en su etapa de Gobierno, el PP utilizaba estas tasas de manera "clientelar" y por eso los ayuntamientos mantenían una deuda con el Gobierno de 30 millones de euros por agua y basura.