La consejera de Igualdad apuesta por priorizar el criterio profesional sobre el familiar

Sevilla.-  La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, se ha mostrado hoy partidaria de que prevalezca el criterio profesional sobre el de los familiares en la asignación de recursos previstos en la Ley de Dependencia y de prescribir según las necesidades de los dependientes y no del empleo que se cree.

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(EFE)

La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, se ha mostrado hoy partidaria de que prevalezca el criterio profesional sobre el de los familiares en la asignación de recursos previstos en la Ley de Dependencia y de prescribir según las necesidades de los dependientes y no del empleo que se cree. En la imagen, junto a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído (d).

En un desayuno organizado por el Club Antares de Sevilla, la consejera de Igualdad y Bienestar Social ha negado que la Junta puede influir para asignar un recurso u otro a los dependientes y ha explicado que la Ley establece, aunque de forma "dulcificada", que es la persona y sus familiares los que eligen la atención.

Ha expresado su respeto a la opinión de los familiares de los dependientes, si bien ha opinado que se debería primar el criterio de los profesionales porque a veces ocurre que la opinión de los distintos miembros de la familia no coincide.

Según Micaela Navarro, se ha producido un fuerte aumento de las solicitudes de prestación económica, si bien ha asegurado que la Junta no ha influido en esto con el fin de ahorrarse dinero al suponer un sobrecoste una plaza en residencia (de media unos 1.500 euros al mes) que una prestación económica.

"Sería imposible cambiar la opinión de una persona" respecto al recurso a asignarle, ha incidido Navarro, quien, no obstante, ha indicado que hay un grupo de trabajo en el Consejo Territorial (que se reunirá el 27 de noviembre) sobre la consideración de la opinión profesional y la familiar.

Ha afirmado que en estos momentos hay plazas residenciales suficientes en Andalucía y de hecho algunas concertadas por la Junta están sin cubrir, si bien el problema puede estar relacionado con la ubicación respecto a los domicilios familiares.

En opinión de la consejera, también debe prevalecer en la asignación de prestaciones a los dependientes que sea el "mejor" recurso respecto a la creación de empleo.

El empleo directo e indirecto creado por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en Andalucía, en abril de 2006, superará los 42.000 a finales de 2008, ha expuesto Micaela Navarro.

Asimismo, hasta el 27 de octubre se habían presentado 204.000 solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia, de las que el 85,2 por ciento habían sido valoradas y 115.272 tienen derecho a una prestación como grandes o severos dependientes.

De esa cifra, tienen ya concedida la prestación 81.624 personas y de ellas 32.500 reciben prestaciones económicas.

La consejera ha negado que haya habido recortes en el presupuesto asignado por el gobierno central para la Ley de Dependencia, e incluso se ha superado lo previsto en la memoria económica, ya que se cuenta para 2009 con 1.150 millones frente a 900 previstos, si bien ha admitido que "se necesita más dinero".