Murcia.- Cinco personas han sido detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.
Agentes de la Guardia Civil registran desde esta mañana las dependencias de la dirección general de Administracion Local de la Consejería de Presidencia de Murcia por un presunto delito de corrupción urbanística.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia decretó esta mañana las detenciones en un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En el marco de esta operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a José Luis Cano y Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa Acadi que redactó el PGOM de Librilla.
José Luis Cano es funcionario en excedencia desde junio de 2007 de la dirección general de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, en la que ejercía como responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
La consejería de Presidencia le abrió en abril de 2007 "un procedimiento de información reservada" para aclarar supuestas irregularidades, después de que el PSOE denunciara que había utilizado "como tapadera" a la empresa Acadi para adjudicarse y gestionar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y una treintena de planes parciales en Librilla.
A este respecto, la consejería de Presidencia informó hoy a Efe de que el procedimiento de carácter interno abierto en 2007 sobre la actividad de José Luis Cano "no detectó irregularidades administrativas" en su actividad.
Junto a estas dos personas han sido arrestados también José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y otro de Cano, cuyas identidades no han sido dadas aún a conocer.
Además, el juzgado ordenó nueve registros en las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios; el ayuntamiento de Librilla, y diversos domicilios particulares y sedes sociales de empresas en Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde la Guardia Civil inspeccionó la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública.
El alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, abandonó el ayuntamiento sobre la una de la tarde, cuando habían transcurrido cuatro horas desde la entrada de agentes de la UCO en la sede consistorial para proceder a un registro.
Martínez dijo que en todo este tiempo ha colaborado "voluntariamente con la justicia", y que en ningún momento había sido detenido.
Según fuentes de la investigación, ningún miembro de la corporación de Librilla (seis concejales del PP y cinco del PSOE) está implicado en este caso.
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