Sevilla.- Un juzgado ha admitido a trámite la denuncia contra el director de un distrito sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla y el jefe de la Inspección por los delitos de prevaricación y falsedad al permitir que una médica trabaje en el sector público y en dos actividades privadas.
Un grupo de trabajadores de los servicios sanitarios de urgencias no hospitalarias se manifestó en 2007 ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en Sevilla, en protesta contra la aplicación de la reforma de la atención sanitaria urgente.
El juzgado de instrucción 9, en un auto al que ha tenido acceso Efe, considera que la denuncia "hace presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que acuerda reclamar al SAS el expediente abierto a la doctora y a la clínica privada Esperanza de Triana el nombramiento de la denunciada como consejera.
Según la denuncia, la doctora L.R.A.S. trabaja en dedicación exclusiva como dentista en un Centro de Salud del SAS en Sevilla pero a la vez cobra como miembro del Consejo de Administración de la clínica Esperanza de Triana y pasa consulta como médico examinador de pilotos para el Ministerio de Fomento.
Los denunciantes han aportado al juzgado un acta notarial en la que se recoge que la doctora figura como médico examinador autorizado en la página web del ministerio de Fomento, así como el informe de un detective, que el 8 de julio de 2008 fue explorado por ella para obtener el permiso de piloto de ultraligeros.
Pese a tener constancia de estos extremos, el denunciado J.M.G.A., director gerente del Distrito Sanitario Sevilla, certificó el 2 de junio de 2008 que la doctora "no ha trabajado ni trabaja" en la clínica privada ni como médico examinador aéreo.
El segundo denunciado es F.M.P., director del Equipo Provincial de Inspección, al que la denuncia imputa "haber obviado, dolosa y conscientemente, los suculentos ingresos que percibe la doctora como médico examinador aéreo a pesar de saber que trabaja en exclusividad para el SAS".
También han aportado la página web de la clínica privada, donde la doctora figura como miembro del Consejo de Administración, y un certificado del Registro Mercantil de Sevilla según el cual en 2006 cobró 1.248 euros en dietas.
Al compatibilizar estos trabajos se estaría incumpliendo la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Andalucía, que impiden que el personal del servicio público que cobra exclusividad se beneficie a la vez de la sanidad privada.
Junto a los delitos contra los responsables del SAS, la propia doctora es acusada de tráfico de influencias pues presuntamente tiene una "íntima amistad" con el director gerente del organismo, José Luis Rodríguez, que es médico estomatólogo como ella y utilizó esa amistad para "convencer a los directores del SAS de que archivaran el expediente".
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