Las víctimas de accidentes reclaman un teléfono de atención e indemnizaciones más altas

Madrid.-  Las víctimas de los accidentes de tráfico reclaman la puesta en marcha de un número de teléfono -similar al 112- al que puedan llamar los afectados por la siniestralidad vial y una mejora de las indemnizaciones para que un muerto en España no valga "la décima parte de lo que vale en Austria o en Alemania".

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(EFE)

Varios voluntarios realizan una demostración en la nueva unidad móvil para la atención a las víctimas de catástrofes o emergencias, en Bilbao.

La frase es de la presidenta de Stop Accidentes, Ana María Campo, en declaraciones a Efe con motivo de la celebración mañana del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, una "verdadera pandemia" -según sus palabras- que afecta directamente a más de 100.000 personas cada año y que, en concreto, en 2007 causó 3.823 muertos y 142.521 heridos.

Para combatir sus efectos, otra representante del colectivo de víctimas, la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Mar Cogollos, reclama un teléfono desde el que se atienda y guíe a los accidentados en los pasos que han de seguir tras un siniestro.

Al otro lado de esa línea debería haber, añade, un asistente social, un abogado y un psicólogo que "ubiquen" a las víctimas o a sus familiares porque "en ese momento hay mucho sufrimiento y mucho desconocimiento", dice a Efe.

Un número corto, de tres cifras, fácil de aprender, al que los heridos o los familiares de las víctimas mortales se puedan dirigir, como lo hacen las mujeres que sufren la violencia machista con el 016 o los ciudadanos que sufren una emergencia al marcar el 112.

Ana María Campo coincide con Cogollos en la falta de asistencia e información que sufren las víctimas de tráfico, pero aboga por paliarla con oficinas de atención especializada, que se podrían ubicar en hospitales, juzgados o ayuntamientos.

"En el momento en que una persona muere o sufre un accidente de tráfico empieza un calvario y los familiares, los padres, no están en condiciones de asumir papeles, firmas, jueces, etc", afirma Campo, que en un acto que se celebrará mañana en Madrid exigirá también que las aseguradoras mejoren las indemnizaciones a familiares y víctimas.

"Un muerto vale aquí una décima parte de lo que vale en Austria o en Alemania ¿Por qué?", se pregunta Campo, consciente, no obstante, de que ya está en marcha la revisión del baremo de las indemnizaciones de las víctimas de tráfico.

Cogollos, que apuesta por la intervención de las víctimas en esa revisión, valora que se esté trabajando para actualizar el baremo de indemnizaciones vigente, una iniciativa de la que el propio fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, se ha mostrado partidario desde el principio.

Vargas ha animado a los legisladores modificar los baremos "al alza" para que las indemnizaciones "se ajusten a la realidad económica del país".

El año pasado, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que recogen el número de afectados por los accidentes registrados en las carreteras y en zonas urbanas hasta 30 días después del siniestro, se computaron 146.344 nuevas víctimas de tráfico, entre muertos y heridos.

La cifra es superior a la que se da a conocer nada más terminar el año, ya que entonces se ofrecen datos de accidentes computados a 24 horas del siniestro y sólo en carretera.

De esas casi 150.000 víctimas (79.870 en carreteras y 66.464 en zonas urbanas), 3.823 murieron, 19.295 resultaron heridas graves y 123.226 leves.

Y del total de víctimas, 11.429 fueron peatones -591 de los cuales fallecieron- y 134.915 conductores y pasajeros, de los que 3.232 perdieron la vida y 131.683 resultaron heridos.

El mes de julio fue el que se cobró más vidas en las carreteras durante ese año, 385, seguido de agosto (363) y septiembre (361).

Las víctimas quieren que la seguridad vial se convierta en una prioridad política y que se cree un organismo o una figura que coordine la actuación en esta materia de los Ministerios del Interior, Fomento, Educación, Sanidad e Industria.