Washington.- Líderes demócratas de las dos cámaras del Congreso de EE.UU. impulsan medidas para ayudar a la industria del automóvil, pero su debate a partir de la próxima semana no será un paseo de rosas debido a la oposición republicana en el Senado.
Un colapso de General Motors (GM), Ford y Chrysler significaría el despido de algo más de 2,5 millones de estadounidenses en 2009, según el Centro para la Investigación Automovilística, de Ann Harbor (Michigan).
Desde un concesionario de automóviles en un suburbio de Washington, la senadora demócrata Barbara Mikulski dijo hoy que presentará el lunes próximo un proyecto de ley que "salvará los trabajos, ayudará a los consumidores y respaldará a la industria automotriz estadounidense".
La negación de esa ayuda significaría el despido de trabajadores, el masivo fracaso de empresas y una mayor carga pública por las pensiones que dejarían de obtener los empleados del sector, advirtió la senadora.
Mientras, su colega demócrata y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank, adelantó que presentará una ley que concedería préstamos de emergencia por 25.000 millones de dólares a la afligida industria.
Pero esa ayuda no sería gratis, ya que Frank pide a cambio que el Gobierno tenga una participación en los tres principales fabricantes de automóviles de EE.UU.
Frank, que hará una audiencia el martes sobre su proyecto, propone que el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares recientemente aprobado incluya al sector automotriz y su idea encuentra eco entre muchos demócratas.
Los planes de Frank y Mikulski fueron revelados cinco días después de que el Departamento de Trabajo de EE.UU. informase que la tasa de desempleo subió de 6,1 por ciento a 6,5 por ciento, su mayor nivel en 14 años, mientras continúa el deterioro de la economía.
Mikulski explicó que su iniciativa ayudaría a las familias con la compra de automóviles, "para que puedan trasladarse a sus trabajos y llevar a sus hijos al colegio".
La senadora propone que los intereses de los préstamos para adquirir automóviles, más los impuestos de venta, se deduzcan en la declaración de la renta, algo que no ocurre en la actualidad.
Ese alivio se aplicaría para cualquier vehículo nuevo adquirido entre el 12 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.
Pero sólo las familias que perciben menos de 250.000 dólares anuales o individuos con ingresos inferiores a los 125.000 dólares al año podrían recibir esa deducción.
Según Mikulski, millones de trabajadores y jubilados, y miles de empresas estadounidenses dependen de la industria automotriz.
Ante la creciente crisis económica, el sector ha eliminado 110.000 empleos, 500 de ellos en el estado de Maryland debido a la quiebra de concesionarios.
Se calcula que cerrarán este año unos 700 concesionarios de vehículos, que emplean en conjunto a cerca de 37.000 trabajadores en EE.UU.
Un colapso de General Motors (GM), Ford y Chrysler significaría el despido de algo más de 2,5 millones de estadounidenses en 2009, según el Centro para la Investigación Automovilística, de Ann Harbor (Michigan).
Con ese escenario, Mikulski considera "lógico" que el Gobierno salga al rescate del sector con una ayuda "directa, temporal y oportuna".
La jerarquía demócrata de ambas cámaras del Congreso insiste en que se incluya al sector automotriz en el plan de rescate que aprobó el Legislativo en octubre y cuya gestión está a cargo del Departamento del Tesoro.
No obstante, la Casa Blanca ha mostrado reticencia a rescatar empresas ajenas al ámbito financiero, pese a que el presidente George W. Bush ha mantenido contactos con líderes del sector automotriz y ha dicho que está dispuesto a ayudarlos.
"Queremos que estas compañías, que todas las compañías en EE.UU. tengan éxito", dijo en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, al recordar que el Congreso aprobó en diciembre de 2007 un paquete de préstamos por 25.000 millones de dólares para el sector.
El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo hoy que el sector requiere una solución, pero que tiene que ser "viable".
Por su parte, el legislador republicano Spencer Bachus se opone a que el plan de rescate se convierta en una especie de "piñata" por la que competirían otras empresas.
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