Buenos Aires.- El oficialismo logró hoy vía libre para debatir la semana próxima en el Senado argentino el proyecto que prevé el traspaso de los fondos de jubilación privada al Estado, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Los legisladores alineados al Ejecutivo confían en lograr la aprobación de la iniciativa en el debate que se desarrollará en el recinto del Senado el próximo 20 de noviembre.
Los senadores afines al Gobierno de Cristina Fernández reunieron los votos necesarios para aprobar sin cambios el dictamen del proyecto en las comisiones parlamentarias, luego de los debates iniciados esta semana en la cámara alta, de mayoría oficialista.
Los legisladores alineados al Ejecutivo confían en lograr la aprobación de la iniciativa en el debate que se desarrollará en el recinto del Senado el próximo 20 de noviembre.
Sin embargo, sectores de la oposición reiteraron su rechazo a la iniciativa y advirtieron que al gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) no le será fácil reunir los votos necesarios.
"Acabamos de completar las firmas (para presentar el dictamen) y asegurar la sesión para el jueves de la semana que viene", aseguró hoy el titular de la comisión de Presupuesto del Senado, el oficialista Fabián Ríos, al confirmar el visto bueno del dictamen.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados en la madrugada del pasado viernes, prevé el traspaso de los activos (unos 30.000 millones de dólares) de las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al sistema estatal, lo que generó un impacto negativo en los mercados.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, advirtió hoy sobre las deficiencias del Estado para recibir los fondos y consideró que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) "no está en condiciones" de garantizar la correcta administración de los recursos.
La líder opositora argentina Elisa Carrió presentó este miércoles una denuncia penal en la que acusó al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) de encabezar una presunta "asociación ilícita", conformada, entre otras razones, para el manejo irregular de los fondos que pasarán al Estado si se aprueba la reforma de pensiones.
Según Carrió, esta asociación opera en el Gobierno de Cristina Fernández, esposa y sucesora de Kirchner.
Las principales fuerzas políticas de la oposición acusan al Gobierno de querer "hacer caja" con los fondos de la jubilación privada para financiar el gasto público y compromisos de deuda por unos 11.800 millones de dólares que vencen a lo largo de 2009.
La nacionalización de las AFJPs permitirá a las cajas del Estado una recaudación adicional de 15.000 millones de pesos (unos 4.545 millones de dólares) al año.
Por su parte, el Ejecutivo de Fernández, a quien apoyan los sindicatos, aduce que el sistema de jubilación privada ha demostrado ser ineficaz y, además, ha causado grandes pérdidas a sus afiliados por el impacto de la crisis financiera mundial.
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