Burgos.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado un auto por el que queda "sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado un auto por el que queda "sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El auto del TSJCyL, al que ha tenido acceso Efe, es consecuencia de un recurso contencioso administrativo interpuesto por dos personas contra la resolución del 4 de agosto de 2008 del consejero de Educación por la que denegó la solicitud de objeción de conciencia respecto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
La sala entiende que la objeción de conciencia que alegan los padres del alumno es un derecho fundamental y que corresponde adoptar medidas cautelares hasta que el recurso se sustancie y se emita sentencia.
"Se entiende que se produciría una clara pérdida de finalidad del presente recurso si no se accede a la medida cautelar solicitada, teniendo también muy presente la Sala que la duración de este proceso sería porcentualmente muy significada en relación con la duración del curso académico, y por tanto porcentualmente muy significada la recepción y asimilación de contenidos por parte del alumno cuyos padres rechazan".
La Sala recuerda en el auto que la parte demandante plantea que la efectiva implantación y obligatoriedad de una asignatura, una vez que se ha conocido su contenido curricular concreto, vulnera dos derechos fundamentales interrelacionados como son el derecho a la libertad ideológica y el derecho a decidir la formación moral de sus hijos.
En los Fundamentos de Derecho se explica que "a diferencia de otras asignaturas, la administración del Estado y en afinidad con ella la Junta de Castilla y León, la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre".
Para la Sala es significativo que "en relación con otros contenidos de esta y otras asignaturas se fije como criterio de evaluación que el alumno sepa analizar, comprender, identificar mientras que en relación con la interdicción de la desigualdad, se exija no sólo su asimilación sino un comportamiento de rechazo activo, y además, sólo se exija esencialmente respecto de la desigualdad entre sexos y no por otros motivos".
Por todo ello la sala de lo Contencioso ha acordado dejar sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados de la citada asignatura, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León.
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