EE.UU. confirma que no habrá asistencia a los militares vinculados con las ejecuciones

Cartagena de Indias (Colombia).-  El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, confirmó hoy que su país no prestará asistencia a tres unidades militares colombianas involucradas en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

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(EFE)

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que inicialmente había negado esa suspensión, tras dialogar con el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfied, admitió también que el diplomático pudo estar desinformado.

El diplomático, asimismo, ofreció disculpas al ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por haberle negado el jueves esa decisión adoptada por el Departamento de Estado de su país.

"Le debo al ministro de Defensa Nacional una gran disculpa. Le dije ayer que no habíamos tomado ninguna decisión relacionada con el caso de Soacha", dijo Brownfield en una rueda de prensa celebrada en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.

Con el "caso Soacha", el embajador se refirió a la veintena de jóvenes que desaparecieron en enero pasado en esta localidad cercana a Bogotá y que días después fueron reportados como "muertos en combate" en otra zona del país, cuando al parecer habían sido reclutados y ejecutados por el Ejército.

Este escándalo ha supuesto ya la destitución de 27 altos mandos militares y la renuncia del propio jefe de la institución castrense, Mario Montoya.

"Me equivoqué. La decisión fue hace un par de días de no ofrecer apoyo y asistencia a elementos o a tres unidades específicas (...); descubrí después que sí habíamos tomado la decisión", insistió hoy Brownfield.

Sin embargo, se abstuvo de identificar las guarniciones afectadas de las que, señaló, nunca han recibido ayuda directa de su país.

Los adolescentes de Soacha desaparecieron en enero pasado, cuando fueron dados por "muertos en combate" en el departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de Bogotá, por el propio Ejército, y no fue hasta septiembre cuando se descubrió que habían sido reclutados y ejecutados.

Este es el último caso de los llamados "falsos positivos", supuestos logros del Ejército utilizados para enaltecer la lucha antiterrorista, pero que en realidad se trata de asesinatos de civiles que son presentados como "bajas en combate".

En este sentido, Brownfield explicó que en Estados Unidos hay "una obligación legal de verificar denuncias de personas, Gobiernos o instituciones" en casos de violaciones a los derechos humanos y en los llamados "falsos positivos".

Es así como deciden si ofrecen "apoyo, asistencia o entrenamiento a unidades militares", dijo,

Agregó que la decisión adoptada por el Departamento de Estado busca "forzar cambios de comportamiento" en esas unidades del Ejército, aunque aclaró que "es posible en el futuro restablecer ese apoyo".

Acláro también que actualmente esas unidades militares "no recibían apoyo directo del Gobierno" estadounidense.

Horas antes, en Bogotá, el ministro Santos reconoció que Estados Unidos había suspendido la asistencia a tres unidades militares a raíz del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales.