Asistencia jurídica gratuita, sí (pero no para los 'sin papeles')

Ha sido a raíz de una pregunta sobre la petición de asilo en España del hijo de Bin Laden. Esperanza Aguirre compartía mesa con Alfredo Pérez Rubalcaba en la firma de varios acuerdos y el ministro ha recordado que Omar tiene derecho a recurrir ante los tribunales españoles. "Nosotros pagamos esos recursos. Es alucinante, pero la ley me obliga", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ha aprovechado la ocasión para hacer pública una opinión que seguro que traerá cola durante los próximos días: a Aguirre le "indigna" el importe destinado a la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en situación irregular. La polémica estaba servida.

(EUROPA PRESS)

La asistencia judicial gratuita es un derecho universal en España, recogido por la Constitución. También para los inmigrantes que no tienen permiso de trabajo y de residencia, según recoge la Ley de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. "También hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que lo apoyan. De hecho, costó mucho que se incluyera el concepto de personas que se encontraran en España y no sólo las que residieran. Recortar este derecho es algo que va en contra de la Constitución", asegura José Luis Rodríguez Candela, abogado y miembro de Andalucía Acoge. "Si no existiera este derecho, los inmigrantes quedarían en una situación de indefensión total frente a posibles abusos. ¿Imaginas?", pregunta Rodríguez.

Este derecho permite a todos los ciudadanos sin recursos acceder a un servicio de asistencia jurídica, independientemente de su situación administrativa, y en el caso de Madrid, depende de la Comunidad Autónoma, porque tiene transferidas las competencias sobre Justicia. La Ley permite acudir a este servicio para cualquier tipo de trámite aunque los inmigrantes lo hacen principalmente con relación a procesos sancionadores de expulsión o retorno.

Sin embargo, la presidenta madrileña no está muy de acuerdo con ello. "No es posible que cualquier, cualquier litigio jurídico, incluido el divorcio, de cualquier ciudadano extranjero sin papeles lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid", ha dicho. "Me gustaría saber qué paga Esperanza Aguirre", le ha contestado el Ministro del Interior.

La presidenta no sólo se ha limitado a quejarse del gasto que supone —"Esa partida se llama de justicia gratuita, asistencia a los extranjeros, y es una partida enorme, 50 millones de euros o no sé qué barbaridad", ha asegurado— sino que se ha mostrado partidaria de recortar ese presupuesto que "parece incluso no llega con lo que tenemos" y de cambiar la ley que lo regula.

Sin margen de maniobra

A pesar de los deseos de Aguirre, las posibilidades de que la asistencia jurídica gratuita no sea accesible a los inmigrantes en situación irregular es casi nula. "Haría falta una reforma de la Constitución para ello porque, de otra manera, no sería posible restringir el acceso a la Justicia en un Estado de Derecho", indica Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo Madrid.

El acceso a un abogado de oficio para los inmigrantes sin papeles fue un punto especialmente polémico durante la discusión de la directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea. Mientras algunos miembros apostaban porque la asistencia fuera gratuita, otros preferían que fuera la legislación de cada país la que tuviera la última palabra sobre este tema.

La solución a la que se llegó está más cerca de la segunda opción: la asistencia será gratuita si así lo estipulan las leyes nacionales y la ayuda para apelar las decisiones de expulsión se llevarán a cabo cuando haya posibilidades reales de éxito. "Este aspecto de la directiva es un poco ambiguo y permite muchas interpretaciones. Pero no hay que olvidar que se trata de una ley de mínimos y que la ley española es muy clara al respecto y está más avanzada que la de otros países europeos. La directiva no obliga a nuestro país a modificar nuestras normas, algo que, además, no sería posible porque entraría en conflicto con la Constitución".