Buenos Aires.- El Gobierno argentino minimizó hoy el alcance de la decisión de un juez de EE.UU. de congelar en ese país inversiones de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión de Argentina, al señalar que "no es definitiva" y afecta "a una pequeña parte" de los recursos previsionales.
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan compañías controladas por bancos y aseguradoras de capital europeo, estadounidense y argentino.
El superintendente del organismo que controla las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), Sergio Chodos, comentó que los activos embargados, que ascienden a 553 millones de dólares, "no son del Estado sino que son de esas compañías".
"Son ellas, que estaban a cargo de esos intereses, las que deberán defender los activos", apuntó en declaraciones a periodistas antes de considerar que se trata de "un intento de los fondos buitres para tomar posesión de esos recursos, más allá de que les corresponda o no".
Chodos fue abordado por la prensa tras conocerse la decisión del juez Thomas Griesa, de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, que responde al requerimiento de un grupo de acreedores que quedó fuera del canje de deuda pública argentina establecido en 2005.
Está previsto que el próximo jueves el juez se pronuncie sobre si prolonga o no esa prohibición, reclamada a través del despacho de abogados Simpson Thacher & Bartlett a al menos cinco AFJP con sede en Nueva York.
En ese sentido, el funcionario argentino dijo que la medida de Griesa "no es una posición definitiva ni mucho menos".
"El juez adopta medidas periódicamente. Hay un pedido de acreedores de Argentina y lo que hace el magistrado es tomar lo que le piden sin análisis. Después analiza la causa y la racionalidad, a ver si corresponde. Así que no es definitivo", sostuvo.
Chodos reconoció que la medida "hace un poco de daño" al sector financiero local, pero insistió en que en la defensa del caso ante el juez Griesa solo intervendrán representantes de las AFJP y no Argentina como Estado.
La decisión del juez neoyorquino se conoce una semana después de que el Gobierno argentino enviara al Parlamento un controvertido proyecto de ley de reforma previsional.
La iniciativa oficial, que está siendo discutida en comisiones parlamentarias, supone el traspaso al Estado de los fondos de las diez AFJP que operan en el país, que acumulan inversiones por unos 30.000 millones de dólares.
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan compañías controladas por bancos y aseguradoras de capital europeo, estadounidense y argentino.
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