Corte de Brasil dilata la decisión sobre la extradición de un represor uruguayo

Brasilia.-  El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dejó hoy en suspenso el fallo sobre el pedido de extradición presentado por Argentina contra el mayor retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado de participar en la "Operación Cóndor" de las dictaduras suramericanas en los años 70.

(EFE)

Cordero está acusado de la desaparición de 10 personas y del secuestro del bebé después conocido como Aníbal Armando Parodi durante la Operación Cóndor.

El juicio sobre la solicitud de extradición había sido reanudado hoy con la mayoría de los magistrados contrarios a la extradición, pero uno de ellos pidió una nueva vista del proceso, lo que ha dejado en suspenso el fallo, informó el STF.

El veredicto había sido suspendido por primera vez en septiembre, por otro pedido de vista del magistrado Cézar Peluso, cuando el tribunal se inclinaba por votar en contra de la extradición por cuatro votos a uno.

Peluso recordó hoy que la Ley de Amnistía de los militares involucrados en crímenes durante la dictadura argentina fue revocada, después de ser considerada inconstitucional por la justicia de ese país.

El magistrado Marco Aurelio Mello, ponente del caso, se opone a la extradición porque considera que los crímenes de los que se acusa al ex militar uruguayo han prescrito.

En su ponencia, Mello argumenta que el tema también alcanza a la Ley de Amnistía de Brasil (que favoreció el olvido de los crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985).

Si hubiera la extradición, "heridas podrán ser abiertas y eso no interesa al colectivo, no interesa a la sociedad", afirmó Mello, para quien la Ley de Amnistía debe ser vista como "un pasar de página en busca de la convivencia pacífica entre los ciudadanos".

Cordero está acusado de la desaparición de 10 personas y del secuestro del bebé después conocido como Aníbal Armando Parodi durante la Operación Cóndor, "que habría tenido efecto en los años 70 con el objetivo de reprimir la oposición a los regímenes militares que estaban entonces en el poder en varios países de América Latina", señaló el STF.

Mello considera esas desapariciones como "muerte presumida" y como el delito de homicidio prescribe a los 15 años por la legislación de Argentina y a los 20 años por la brasileña, sostiene que esos casos han prescrito, porque sucedieron hace más de 30 años.

El uruguayo, además, está acusado de por lo menos 32 casos de torturas contra prisioneros recluidos en un campo de detención clandestino en Argentina, entre mayo y noviembre de 1976, según el Supremo Tribunal.

La extradición también era solicitada por Uruguay, pero este pedido ya fue rechazado porque los crímenes fueron cometidos en Argentina.

Parodi fue secuestrado cuando tenía 20 días de vida en Buenos Aires, el 14 de junio de 1976, y entregado a una familia de militares, que le dieron otro nombre.

El magistrado Peluso argumentó que ese crimen de secuestro no ha prescrito, al contrario de lo que argumenta el ponente del caso, pues terminó formalmente sólo en 2002, cuando la víctima conoció su verdadera identidad.

Cordero fue arrestado por la policía brasileña en febrero de 2007 en la ciudad de Santana do Livramento, estado de Río Grande do Sul, vecino de Uruguay.