Los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán que tener un mapa de ruidos en junio de 2012

Valladolid.-  Los municipios de Castilla y León de a partir de 20.000 habitantes deberán tener aprobado su mapa de ruidos antes de junio de 2012 y el plan de acción correspondiente antes de julio del 2013, según el proyecto de la Ley del Ruido aprobado hoy por el Gobierno autonómico.

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(EFE)

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa en la que ha informado de las medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

Esta es una de las novedades de este proyecto de ley, que reduce de 100.000 a 20.000 habitantes el umbral para el desarrollo obligatorio de los mapas de ruido y planes de acción, según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El texto, que pretende ser una "referencia esencial" en este problema que afecta a la salud humana y sosiego público, recoge la creación de las "entidades de evaluación acústica" como entes de titularidad pública o privada que dispondrán de "las acreditaciones y medios adecuados para realizar los controles de ruido".

El proyecto de ley, que sustituye al decreto de 2005 y recoge las directivas europeas al respecto y la Ley básica estatal, también declara el control del ruido "como un servicio de prestación obligatoria para la administración autonómica, la provincial y la local", en el caso de municipios a partir de 20.000 habitantes.

Se aplicará "a todos los emisores acústicos, públicos o privados, así como a edificaciones" de la Comunidad, incluidas todas las actividades domésticas, que la normativa estatal excluye.

El proyecto de ley también fija los criterios para autorizar el funcionamiento de emisores de ruido, y regula los requisitos que deben cumplir las empresas para su autorización, con la obligatoriedad de presentar un informe para la renovación de la licencia cada ocho años.

Asimismo, "establece objetivos de calidad y valores límite para instalaciones existentes y nuevas -la estatal sólo se refiere a estas últimas-, y obliga a que bares musicales y similares instalen sistemas de limitación y control del ruido".

La norma tiene como objetivos prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, conseguir una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y poner al alcance de las administraciones instrumentos para su logro.

El proyecto de ley, con seis títulos y 60 artículos, también recoge un régimen sancionador para faltas muy graves, en los casos en los que se superen en más de 10 decibelios los permitidos, las graves, más de cuatro, y las leves, que afectan a cuestiones como que se instalen sistemas de alarma y vigilancia sin autorización municipal.

Para las faltas muy graves las sanciones oscilan entre los 300.000 y los 12.000 euros; las graves entre esta última cantidad y los 601, y las leves hasta 600 euros.

El proyecto delimita los tipos de áreas acústicas, que clasifica en interiores y exteriores, desarrolla y regula todo lo referido a prevención y corrección de la contaminación acústica y regula la actividad inspectora.

La norma, que deberá pasar ahora a la Cortes de Castilla y León para su debate y aprobación, establece la distribución competencial entre la administración autonómica, las diputaciones provinciales, y las entidades locales, "apostando por la descentralización", según el portavoz del Ejecutivo.