Paradojas de la vida: a mejor Justicia, mayor crecimiento económico

El Poder Judicial acaba de aprobar su Plan de Actuación Inmediata para mejorar la Justicia: la idea es prestar atención prioritaria a la coordinación de programas y aplicaciones informáticas, porque, aunque parezca difícil de creer en la era de internet, ésta es una de las grandes carencias de nuestros tribunales. Además, antes de finalizar el año, se pretende aprobar el Plan de Modernización de la Administración de Justicia. Porque, a estas alturas, todos lo tenemos claro: al tercer Poder del Estado le hace falta una renovación total.

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El Consejo General del Poder Judicial.

Luis Pires es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y autor, entre otros, de títulos como 'Administración de Justicia y Crecimiento Económico'.

PREGUNTA: En estos días se está recuperando un tópico que asegura que la Justicia es una de las asignaturas pendientes en España. ¿Está de acuerdo? ¿Es cierto que faltan medios?

RESPUESTA: La Justicia es una de las asignaturas pendientes de la democracia española, porque su funcionamiento, al menos en la percepción de los ciudadanos, es bastante deficiente. Pero esta deficiencia no debe ser atribuida exclusivamente a una escasez de medios, ya que existen otros elementos que afectan al funcionamiento del sistema judicial y cuya mejora no depende de gastar más dinero público. Me refiero a aspectos como la organización del sistema judicial, el nombramiento de jueces, los órganos de control, o el sistema de sanciones. Por tanto, aunque numerosos elementos de la Justicia española se pueden mejorar ampliando los medios existentes, otros aspectos de su funcionamiento no dependen de un mayor presupuesto, sino de cómo se gestionan los medios con los que se ha dotado a la Justicia.

P: Los últimos Presupuestos Generales han ampliado la dotación para Justicia en un 6% y en abril se creó un organismo oficial dedicado exclusivamente a la modernización de la Justicia. ¿Se está haciendo lo suficiente desde la Administración? ¿Qué más podría hacerse?

R: Esta pregunta enlaza, precisamente, con lo indicado en el punto anterior. Los últimos Presupuestos Generales abordan la modernización de la Justicia desde dos elementos, el primero el presupuestario y el segundo el regulador. Empezando por el segundo, algunas de las medidas que se pretenden abordar relacionadas con la modernización de la Justicia son interesantes, como por ejemplo la modernización de los registros de apoyo a la actividad judicial, con el objetivo de centralizarlos en una sola base de datos y un solo registro; la creación de un Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y sentencias pendientes de firmeza, que pretende facilitar información sobre órdenes de busca y captura o de detención y puesta a disposición en vigor; o el Plan de Modernización de los Registros Civiles para impulsar su informatización. En principio son medidas razonables, en tanto que están encaminadas a mejorar la organización y especialización de funciones, con el objetivo final de que los jueces dediquen todo su esfuerzo a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, descargándoles de todo lo relacionado con la gestión de la oficina judicial, que se atribuirá a otros profesionales. No obstante, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan en el futuro estas ambiciosas medidas.

El segundo elemento es la dotación presupuestaria de la Justicia. El peso de la Justicia dentro del Presupuesto General del Gobierno Central es muy reducido (1.658 millones de euros, que sólo representan un 0,5% del presupuesto), frente a los 22.120 millones de euros de las infraestructuras, los 19.292 millones de euros de las prestaciones por desempleo, o los 8.192 millones de euros de la inversión en I+D+i. No obstante, a esta cantidad habría que añadir los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Por ello, un mejor dato para evaluar el peso de la Justicia dentro del esfuerzo presupuestario es el porcentaje que el gasto en Justicia, tanto del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas, representa respecto a nuestra riqueza total nacional, medida con el Producto Interior Bruto (PIB). Este peso está alrededor del 0,4% (sube al 1,5% si incluimos los gastos en las policías del Estado), y no ha variado significativamente en los últimos años. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, estas cifras son similares a las de Italia, Francia o el Reino Unido, superiores a los Países Bajos e inferiores a las de Alemania o Austria. Por todo lo anterior, no parece que la escasez de recursos sea en sí mismo el único (ni el principal) problema, sino que también es necesario analizar la eficiencia con la que se gestionan esos recursos.

P: ¿Ha habido un impulso suficiente en los últimos años? ¿Se percibe un interés creciente en el asunto desde el punto de vista económico?

(EFE)

¿De qué se ríe el ministro?

R: Desde el punto de vista presupuestario, no ha habido un impulso decidido, ya que el peso del gasto público en Justicia como porcentaje del PIB se ha mantenido en unos niveles constantes en los últimos años. Tampoco ha habido un gran esfuerzo en mejorar la gestión de la Justicia, o por lo menos el esfuerzo no ha sido productivo, ya que es muy significativo que mientras que la mayoría de los organismos públicos y privados en España han informatizado su funcionamiento, la Justicia española todavía esté sin informatizar en 2008. El interés por la Justicia es creciente, debido precisamente a su mal funcionamiento.

P: ¿Debería haberse hecho un esfuerzo mayor en los tiempos de bonanza económica? ¿Es más complicado dedicar recursos a la Justicia en este momento de crisis?

R: La modernización de la Justicia requiere un esfuerzo continuado a lo largo de varios años. Las épocas de crisis no son el mejor momento para abordar estas reformas. Así se puede ver en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 aprobado por el Gobierno, donde las partidas prioritarias son las infraestructuras, la inversión en I+D+i (ambas partidas muy relacionadas con el impulso del crecimiento económico con medidas anti-cíclicas) y las prestaciones por desempleo (una partida que el Gobierno no puede controlar, ya que el aumento del número de desempleados obliga a hacer frente a estas obligaciones de gastos previamente asumidas).

No obstante, si un Gobierno decide apostar por una política concreta, la puede desarrollar incluso en época de crisis. Es lo que ocurre con el aumento en la Ayuda Oficial al Desarrollo, una de las políticas preferentes del Gobierno actual. Pero no parece que vaya a ocurrir lo mismo con la Justicia, no percibo una voluntad clara de este Gobierno en apostar por este sector.

P: ¿Es cierto que la modernización de la Justicia, además de mejorar la propia Justicia, podría servir para generar crecimiento económico? ¿En qué medida? Resulta sumamente llamativo el hecho de que una mayor dotación de medios sería, a la larga, mucho más rentable. ¿Es así?

R: Este es un aspecto muy importante. Existen diferentes estudios económicos que muestran una relación entre el funcionamiento de la Justicia y el crecimiento económico. Un mal funcionamiento de la Justicia disminuye el crecimiento de un país, al tener una repercusión directa en sus actividades económicas. Al final, el mal funcionamiento de una institución afecta a los individuos, y éstos acaban reaccionando para exigir su reforma. En la Justicia, este interés es tanto social (con el ejemplo de la creciente presión popular derivada del denominado 'caso Mariluz') como económico, con numerosas empresas preocupadas por la inseguridad jurídica o el coste de los litigios. Además, este interés económico de la Justicia no sólo reside en las empresas, sino también en los propios ciudadanos, ya que cualquier persona puede verse afectada por un despido improcedente, una reclamación ante una compañía de seguros, o un impago de un piso que tiene alquilado. El mal funcionamiento de la Justicia y su encarecimiento, tanto en dinero a pagar, como en tiempo de espera hasta que la Justicia actúe, o en inseguridad jurídica, acaba afectando la economía de las personas, las empresas, y la sociedad en general.