El Gobierno argentino dice que los fondos de pensiones estarán garantizados por el Estado

Buenos Aires.-  El Gobierno argentino aseguró hoy que los fondos privados de pensiones que se nacionalizarán si se aprueba el proyecto del Ejecutivo estarán garantizados por "los tres poderes del Estado" y rechazó que el dinero pueda destinarse a "hacer caja", tal como denuncia la oposición.

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(EFE)

Trabajadores de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) realizan una marcha en contra del proyecto de ley que prevé el traspaso de los fondos de las jubilaciones a manos del estado argentino, frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires (Argentina).

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, comparecieron hoy en comisiones parlamentarias para defender el proyecto de ley de nacionalización de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández.

Ambos afirmaron que el empleo de los más de 10.000 trabajadores de las AFJP está asegurado y rebatieron las críticas de la oposición sobre la posibilidad de que los fondos de pensiones se desvíen en vísperas de las elecciones legislativas de 2009 a atender otras obligaciones del Estado, como afrontar los pagos de deuda pendiente

"Este proyecto de ley significa una reparación histórica", dijo el titular de Trabajo, que subrayó que el sistema de capitalización "fue una pésima decisión" que "generó un círculo perverso, produjo déficit y nunca tuvo un control parlamentario".

Según Tomada, la creación del régimen privado de jubilaciones, en 1994, supuso un costo superior a los 100.000 millones y fue una de las causas del endeudamiento externo del país.

"Se trata de una sumatoria de falacias", agregó el ministro, quien sostuvo que, tras la nacionalización, los fondos de pensiones estarán controlados por "los tres poderes del Estado".

Respecto a las acusaciones de la oposición, declaró al dar una explicación sobre el efecto de la nacionalización de cerca de 30.000 millones de dólares en manos de las AFJP: "Es todo lo contrario vamos a desendeudarnos".

A su juicio, la iniciativa gubernamental supone un "paso fuerte para devolverle al Estado su rol rector en seguridad social" y no se puede demorar la decisión porque "la volatilidad de los mercados no deja demasiado espacio para prórrogas para deudas irrecuperables".

La crisis, añadió, "demostró la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones".

También el titular de la ANSES criticó con dureza al sistema privado de pensiones y aseguró que la administración no necesita hacer "caja".

"No va a suceder que vamos a convertir las inversiones de los fondos en liquidez", afirmó Boudou, quien opinó que los fondos "no deben ser invertidos en el exterior".

"Definitivamente con la ley va a cambiar la orientación de los mercados financieros a los sectores productivos", adelantó.

Según el funcionario, la nacionalización es necesaria porque el manejo de las AFJP ha afectado a los fondos, que han pasado de 92.000 millones de pesos (unos 28.700 millones de dólares) a finales de 2007 hasta 78.700 millones de pesos argentinos (24.500 millones de dólares) en octubre de 2008.

Boudou afirmó también que todos los trabajadores de las AFPJ "tienen la continuidad laboral garantizada" porque serán absorbidos por la administración.

Pese a las promesas gubernamentales, cientos de empleados se manifestaron hoy frente al Congreso para exigir que se garanticen sus puestos.

Desde la oposición, los diputados recordaron al Gobierno que quienes demonizan ahora el sistema privado redactaron la reforma de 1994 y exigieron que la ley incluya garantías de que los fondos de jubilación no se desviarán a otros pagos.

La Unión Cívica Radical condicionó la pasada semana su respaldo a la medida a que se incluyan garantías sobre el uso de los fondos, mientras que los radicales apuestan por establecer un proceso de transición para la nacionalización y los socialistas piden reformas en el texto legal.