Madrid.- Dar a los ayuntamientos las competencias para regularizar a los inmigrantes, aunque ello requiera un cambio de la Constitución, y desvincular el permiso de residencia del de trabajo, son las opciones propuestas hoy por Cáritas y la Fundación FOESSA para evitar la irregularidad y exclusión de este colectivo.
Dar a los ayuntamientos las competencias para regularizar a los inmigrantes, aunque ello requiera un cambio de la Constitución, y desvincular el permiso de residencia del de trabajo, son las opciones propuestas hoy por Cáritas y la Fundación FOESSA para evitar la irregularidad y exclusión de este colectivo.
El VI Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social en España 2008, presentado hoy por estas dos entidades, destaca que todas las reformas que se han sucedido desde el año 2000 "han ido en el sentido de rebajar los derechos y acrecentar los deberes de los inmigrantes".
Frente a la irregularidad documental -que es "el grado máximo de exclusión jurídica"- la alternativa reside en "no prohibir ni cegar las vías de legalización" y, por contra, otorgar permisos bianuales en las regularizaciones y desvincular la residencia del trabajo, añade.
"Otra medida posible, aunque requiera modificaciones en la Constitución, es la de conceder competencias de regularización a las administraciones locales que son las instancias gubernamentales que están más en contacto con la integración ciudadana del indocumentada".
Apuesta, además, por una medida de carácter general para simplificar los ámbitos de exclusión legal como es contemplar dos permisos de instalación: el permanente y el temporal, adjuntando a cada uno de ellos un listado de derechos y deberes.
El informe explora dos indicadores que acrecientan los riesgos de exclusión laboral: la alta tasa de temporalidad contractual y la concentración en "agujeros negros" del mundo del trabajo como son los regímenes especiales o en sectores y ocupaciones de alta rotación y breve duración.
Para atajar este problema se propone: reconocimiento de los títulos educativos y de las habilidades profesionales; flexibilizar el contenido de los permisos permitiendo una mayor movilidad geográfica y ocupacional, y fortalecer la formación entre los desempleados.
La exclusión laboral, recuerda, es el "gran eje de la política de inmigración. Ni los contingentes o cupos ni la puerta de régimen general han sido suficientes para propiciar una inserción laboral legal".
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