Un cártel de drogas penetra la Fiscalía mexicana y fuerza su remodelación

México.-  El Gobierno de México admitió hoy que el narcotráfico sobornó a varios mandos de la Fiscalía General encargados de investigar al crimen organizado para obtener "información reservada por ley y datos de operativos" antidroga, lo que ha llevado a la entidad a separar a 35 personas de sus cargos.

ampliar foto

(EFE)

El procurador general de la República de México (PGR, fiscalía), Eduardo Medina Mora, admitió hoy, durante una rueda de prensa en Ciudad de México que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se infiltró en el organismo y sobornó a altos mandos encargados de la lucha contra el crimen organizado.

El cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, supuestamente aliado con el de Sinaloa, llegó a pagar entre 150.000 y 450.000 dólares al mes a seis funcionarios, a cambio de "información reservada" y "datos operativos", declaró hoy en rueda de prensa el fiscal general, Eduardo Medina Mora.

La "Operación Limpieza", como se denomina la investigación, sigue abierta, pero por ahora revela que "habían servidores públicos que entregaban información desde 2004 al cártel de Sinaloa", explicó la titular de la Subprocuraduría (vicefiscalía) de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Marisela Morales.

Los datos proporcionados permitieron a los cárteles "eludir los operativos" y eliminar evidencias antes de los registros domiciliarios, añadió Medina Mora, titular de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR).

Dos de los involucrados, que ya han sido procesados puesto que fueron detenidos en agosto pasado, tenían altos niveles de responsabilidad en la Siedo: Fernando Rivera Hernández, director general adjunto a cargo de Inteligencia, y Miguel Colorado González, coordinador general técnico del organismo.

El Gobierno estadounidense ha pedido la extradición de González.

Los demás son el ex agente de la Siedo Luis Manuel Aguilar Flores, y los ex agentes federales de investigación Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia.

Otro miembro de la subprocuraduría identificado como Francisco Javier Jiménez Sánchez, alias "El Pinocho", está prófugo, indicó Morales.

La Siedo, que integran unos 400 servidores públicos, es el brazo de la fiscalía mexicana encargado de combatir a los cárteles de la droga que existen en México, una labor que el presidente Felipe Calderón considera prioritaria en su mandato, iniciado en 2006.

El diario El Universal, que hoy ofrece algunos detalles del caso, señala que los criminales también lograron penetrar en la Interpol y la embajada de EE.UU. en México.

Añade que la trama "dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA (la Agencia Antidrogas de EE.UU.) en México".

Por el momento no ha habido comentarios al respecto por parte de Estados Unidos.

A partir de la detección de esta trama de corrupción, Medina Mora anunció que "el proceso de limpieza y revisión de personal y procedimientos continuará, y se hará de manera rigurosa y permanente".

Por su parte, la titular de la Siedo admitió que los "controles de confianza" que se realizan a los agentes y funcionarios "de cierta manera han fallado", y reveló que las autoridades no descartan nuevos procesamientos.

Medina Mora aprovechó esta coyuntura para solicitarle a Calderón autorización para reestructurar esa vicefiscalía y extirpar la corrupción de su seno.

En principio se pretende la especialización de los fiscales del organismo, para que puedan trabajar en cualquier área delictiva que se les asigne.

"Los servidores públicos de la Siedo tendrán el más alto nivel profesional, acorde a las atribuciones que les confiere la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y su retribución salarial será la mayor posible, conforme a la normatividad y previsiones laborales y presupuestales de nuestra PGR", concluyó el fiscal.

En los últimos meses ha aumentado la violencia en México relacionada con el crimen organizado, un hecho que las autoridades del país atribuyen a las pugnas por el control del negocio de las drogas entre los cárteles y a la presión de las policías mexicanas y del Ejército.