Con la financiación estatal no se garantiza derecho ayudas Dependencia, según la consejera

Santa Cruz de Tenerife.-  La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, afirmó hoy que el Gobierno español ha recortado un 27 por ciento los fondos destinados a la Ley de Dependencia y advirtió que con este recorte, el Estado no garantiza "ni muchos menos" el derecho de las personas dependientes a recibir este servicio.

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(EFE)

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, compareció hoy en la comisión parlamentaria correspondiente para informar, entre otros asuntos, de los fondos destinados a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

Rojas, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo Popular, indicó que durante 2008 Canarias ha aportado más de 38 millones de euros para poner en marcha de esta ley mientras que el Gobierno español, que debía aportar una cantidad igual, sólo tiene asignado para las islas nueve millones de euros que no se han hecho efectivos aún.

Afirmó que son las comunidades autónomas las que tienen "el gran peso" en la aplicación de la ley y señaló que con la financiación actual no está garantizada que las personas que en la actualidad reciben las prestaciones puedan recibirla de por vida.

Indicó que de acuerdo con lo que reciben otras comunidades autónomas y teniendo en cuenta la población, Canarias debería recibir 36 millones de euros frente a los nueve que tiene asignados.

Rojas señaló que a pesar de que muchas comunidades autónomas están decididas "a plantarse", el Gobierno de Canarias por ahora no lo hará al entender que se trata de una buena ley pero subrayó que no descarta que se cambie de actitud si no mejora la financiación.

La consejera agregó que no se ha firmado el convenio con el Estado para la ejecución de la ley en Canarias por lo que lo hecho hasta ahora ha corrido a cuenta de la comunidad autónoma.

En su opinión, el Estado no cumple con su propia ley y este incumplimiento es "radical" con Canarias y recordó que el objetivo de la ley de Dependencia es proteger a las personas dependientes y crear un sistema que garantice el acceso de éstas a los servicios sociales y a unas prestaciones económicas.

Concretó las diferencias entre las aportaciones que realiza la comunidad autónoma y el Estado en los diferentes niveles de protección y cifró en un 75 por ciento la aportación que realiza Canarias frente a la que realiza el Estado.

En este porcentaje, agregó, no están incluidas la construcción de nuevas infraestructuras.

Al ser acusada por la diputada del grupo Socialista Olivia Cedrés de ser incapaz de poner en marcha esta ley, Rojas señaló que su única responsabilidad es el haber puesto en marcha una ley que el Estado no garantizó jurídicamente y que no ha desarrollado.

Rojas consideró que se ha hecho publicidad engañosa y el PSOE ha engañado a todos los canarios y los españoles sobre la entrada en vigor de esta ley, que tiene un periodo de aplicación que se extiende hasta 2015.

Reconoció a Cedrés que la ley si tiene una aportación asignada en los presupuestos pero se preguntó de qué sirve si después la Administración no transfiere los gastos a las comunidades autónomas.

La parlamentaria indicó que la ley de Dependencia siempre ha contado con financiación y concretó que para Canarias se asignaron en 2008 13 millones de euros y en 2009, 28,7 millones lo que supone un aumento del 28 por ciento.

Cedrés señaló que siempre ha existido financiación pero acusó al Gobierno de Canarias de una mala gestión y de boicotear la ley con una campaña de intoxicación.

"El único problema para ejecutar la ley es la consejera y el presidente" dijo Cedrés, quién reprochó a Rojas no creer en un verdadero sistema social sino en la beneficiencia.

Carlos Ester, del grupo Popular, expresó su preocupación por el "sablazo" que, en su opinión, el Gobierno español dará a las partidas de la ley de dependencia y señaló que de los 9 millones de euros presupuestados en 2008 "no ha llegado ni un solo duro" mientras que los fondos para 2009 se han recortado.

Ester acusó al grupo Socialista intenta "vender la moto" ya que la ley nació sin ficha financiera y dijo que es fácil vender una ley sin presupuesto y acusar a los gobiernos autónomos de no ejecutarla.

Francisco Acosta, de CC, indicó que se tratar de crear una ley pero sin financiación y se preguntó si el Gobierno canario se ha planteado elaborar una ley específica de Canarias con los recursos que corresponden y que atiendan las necesidades de las islas.