La consejera de Hacienda defiende la deuda prudente y rechaza llegar a 1% del PIB como pide el PSOE

Valladolid.-  La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido hoy en su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León la "prudencia" con la que la Junta ha recurrido a la deuda pública en el proyecto de presupuestos para 2009 y ha adelantado al PSOE su rechazo a asumir 200 millones más de deuda.

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(EFE)

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo (d), acompañada de los técnicos de su consejería, a su llegada al parlamento regional donde esta tarde ha comparecido para explicar los presupuestos para el año 2009.

Durante más de tres horas, la consejera ha comparecido en la Comisión de Hacienda para aportar las grandes cifras del proyecto de presupuestos de Castilla y León, conocidas ya con las sucesivas presentaciones públicas, y para defender políticamente sus iniciativas, condicionadas en su opinión por la crisis económica y por la falta de financiación del Gobierno.

El Grupo Socialista ha adelantado su intención de presentar una enmienda al proyecto de presupuestos para incrementar en 200 millones de euros para "abordar en parte los inconvenientes" que el PSOE observa en las cuentas públicas, aunque su portavoz, Pascual Fernández, ha insistido en que no presentarán una enmienda a la totalidad.

"Le traiciona en subconsciente", ha dicho Del Olmo a Fernández, ya que le ha recordado que para incrementar la cuantía del presupuesto el Grupo Socialista debería plantear una enmienda a la totalidad, algo a lo que el PSOE a escala nacional se ha negado como signo de apoyo ante la crisis económica.

La consejera de Hacienda ha recordado que la "importante reducción de ingresos" que se vislumbra para las arcas de la Comunidad en 2009 es lo que ha motivado la iniciativa de asumir deuda nueva por valor de 398,6 millones de euros, que se sumarán a los 142,8 millones que deben amortizarse de años anteriores, con lo que la deuda equivaldrá al 0,65 por ciento del PIB autonómico.

Del Olmo ha reconocido que la Comunidad podría haber alcanzado un volumen de deuda equivalente al 1 por ciento del PIB, tal y como pide el PSOE, pero ha insistido en que no se ha agotado este máximo permitido porque la Junta "quiere y debe ser prudente" porque no sabe "lo que va a durar esta situación económica adversa" y debe dejarse abierta "la posibilidad de ampliar este endeudamiento si hiciera falta".

"Nada es gratuito", ha resumido la consejera, quien ha cuantificado en 120 millones el coste que deberían haber asumido las arcas públicas de la Comunidad de haber recurrido a la deuda planteada por los socialistas en los dos ejercicios anteriores, equivalente a unos 700 millones de euros.

El socialista Pascual Fernández ha indicado que no entiende por qué la Junta no usa "la totalidad del crédito" que le permite la ley de estabilidad para mejorar el presupuesto", ya que "200 millones más podrían cambiar algunas cosas en un año tan difícil".

Fernández ha avisado de que la "prudencia" que esgrime la Junta para no recurrir a deuda por valor equivalente al 1 por ciento del PIB no es útil para la Comunidad porque "si al año siguiente la situación económica fuera peor tendrán que recurrir de nuevo a la deuda y si fuera mejor habrán perdido una oportunidad".

Otro de los puntos que ha motivado la discrepancia entre la consejera y los socialistas ha sido el papel que van a desarrollar las empresas públicas en la inversión de los presupuestos.

Del Olmo ha defendido el reforzamiento del sector público y ha preguntado a los socialistas si comparten que los "esfuerzos en inversiones en suelo y polígonos industriales, en parques tecnológicos y en centros educativos", entre otras iniciativas.

"Entenderán fácilmente que en la situación actual de fuerte restricción de recursos presupuestarios hacer uso de las empresas públicas se convierte en necesario", ha dicho la consejera, quien además ha defendido "plenamente la eficacia" de la gestión de estas empresas.

Por su parte, Fernández ha anunciado que su Grupo Parlamentario propondrá establecer medidas de control para que "realmente se realicen las inversiones que se programan, especialmente en las empresas públicas" y ha augurado que no conseguirán ejecutar "más del 60 por ciento de lo que dicen que van a hacer".