Piden ayuda "urgente" de la CIDH para evitar más extradiciones de paramilitares colombianos

Washington.-  Una decena de organizaciones juristas y defensoras de derechos humanos pidió hoy la intervención "urgente" de la CIDH para que Colombia suspenda las extradiciones de los paramilitares y se protejan así los derechos de las víctimas.

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(EFE)

Tanto "Jorge 40" como Mancuso forman parte del grupo de 14 ex jefes paramilitares extraditados en mayo pasado por Colombia a EE.UU..

Esta petición fue formulada en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra hasta el 31 de octubre en su sede en la capital estadounidense.

Reinaldo Villalba, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo, consideró "urgente" la intervención de la Comisión ante los "atentados graves al derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas" de los crímenes cometidos por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

En este sentido, solicitó a la CIDH, en representación de una decena de organizaciones, que urja al Gobierno colombiano a que suspenda la extradición de paramilitares con juicios pendientes, y a que Colombia mantenga la jurisdicción sobre esas personas hasta que se materialicen las reparaciones.

Por su parte, pidió que Colombia vele para que las sanciones impuestas a los paramilitares sean ejecutadas, y exigió el acceso de las víctimas a las diligencias que se desarrollen en EE.UU.

Por último, solicitó a la CIDH que se adopten medidas cautelares para evitar la violación de los derechos de las víctimas.

En la audiencia, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunció que las extradiciones "masivas y sistemáticas" de los paramilitares por parte del Estado "violan gravemente" los derechos de las víctimas.

En mayo pasado, Colombia extraditó a 14 ex jefes paramilitares de las AUC a EE.UU., entre ellos a Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", Rodrigo Tovar Pupo ("Jorge 40").

Los peticionarios criticaron el convenio de colaboración judicial entre EE.UU. y Colombia, ya que, argumentaron, "no hay un acuerdo específico", sino un "cruce de cartas".

Pusieron de ejemplo el reciente intento de un juez colombiano de celebrar una audiencia con uno de los paramilitares extraditados, gestión que fue "infructuosa".

Las organizaciones lamentaron la decisión del Gobierno de extraditar a los paramilitares, al indicar que estos "han seguido cometiendo delitos" y algunos han hecho "revelaciones sorprendentes" sobre crímenes y apoyos recibidos de políticos, empresarios y periodistas.

Por su parte, destacaron que no hay garantías de que los extraditados sigan participando en el proceso, ya que Ramiro Vanoy Ramírez, alias "Cuco Vanoy", se ha negado a seguir colaborando con la justicia colombiana ante la falta de protección para su familia.

El viceministro colombiano de Justicia, Gilberto Orozco, destacó que las extradiciones las decidió el Gobierno "previo concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", y por tanto, aseguró, "no son inopinadas, sino antecedidas de un riguroso examen".

"Los jefes paramilitares siguen postulados a ley. Ya tenemos una primera manifestación clara e inequívoca de posibilidad jurídica, de viabilidad jurídica, para que así ocurra", señaló.

De hecho, Orozco adelantó que en los próximos días podría haber otra audiencia desde EE.UU., esta vez con "Jorge 40".

En declaraciones a Efe, el viceministro explicó que aún se desconoce la fecha, y detalló que Colombia "depende de la voluntad de los paramilitares" para que participen en el proceso.