Las Palmas de Gran Canaria.- Las medidas del proyecto de Ley de Medidas Urgentes que suplirá a las Directrices de Ordenación General y del Turismo permitirán un "mayor consumo de suelo innecesario e injustificado", que "comprometerá la calidad de vida y el futuro desarrollo sostenible" de las Islas, según el COAC.
Esta es la conclusión general a la que ha llegado el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias tras analizar el texto de esta iniciativa legislativa aprobada por el Gobierno canario y que la próxima semana comenzará a debatirse en el Parlamento regional.
El COAC destacó hoy en un comunicado la "contradicción evidente" que, a su juicio, existe, "entre los principios ordenadores justificantes" de este proyecto de ley "y el contenido concreto de su articulado".
Así, los arquitectos afirman que "los efectos de las determinaciones, figuras y procedimientos que se regulan afectarán de forma negativa y preocupante al suelo rústico, desde el momento en que la verdadera intención de la nueva norma es resolver un problema económico desde el urbanismo, con especial incidencia en la desafectación del suelo rústico y en el crecimiento turístico, permitiendo nuevos asentamientos urbanos".
Rechaza también este colectivo de profesionales la "inseguridad jurídica" que suscita el alcance de los cambios propuestos, ya que, según afirman, "es extensivo al conjunto de leyes y reglamentos que operan sobre el territorio y constituyen el sistema de planeamiento integrado y jerarquizado" que se ha construido en los últimos diez años, "y socava los principios generales de la ordenación que rigen la actividad de transformación del territorio".
También fomenta esta incertidumbre la traslación de la toma de determinadas decisiones en materia de ordenación territorial y urbanística desde la COTMAC al Consejo de Gobierno, lo que supone la apertura a la discrecionalidad de actuaciones anteriormente regladas sin ninguna justificación disciplinar ni operativa, agrega la nota.
El COAC rechaza así mismo que este proyecto de ley "renuncie a un sistema de planificación coherente" y se asiente sobre un "modelo basado en el pragmatismo, en la línea anglosajona de trasladar las decisiones sobre el territorio al ámbito de gobierno, en nuestro caso autonómico, prescindiendo del tradicional reparto de competencias entre las distintas administraciones que reconoce nuestra Constitución".
"Se renuncia al planeamiento como norma reguladora básica del territorio, con desconfianza a la capacidad de los órganos administrativos locales para llevar a cabo eficazmente sus determinaciones", aseveran los arquitectos.
El desarrollo de actuaciones en suelo rústico a través de proyectos legitimados directamente por el Consejo de Gobierno, sin encaje en el planeamiento territorial o urbanístico, desvirtúa el procedimiento y el modelo territorial imperante. En cualquier caso, debe rechazarse la normalización de actuaciones singulares a través del artículo 47 del texto refundido, pues ello constituiría un evidente fraude de ley, argumentan.
Y es que, para el COAC, "da la impresión de que se pretende recuperar aquel espíritu de la Ley del Suelo de 1998 que planteaba que todo el suelo no protegido era potencialmente urbanizable" porque "se fomentan modificaciones del planeamiento por medio de proyectos e instalaciones en suelo rústico que cuestionarán la planificación vigente y colisionarán con el principio irrenunciable de preservación y defensa del suelo rústico frente al proceso de transformación indiscriminada del territorio".
Respecto a las medidas para la dinamización del sector turístico que se proponen en la nueva norma, el COAC las califica como "utópicas y voluntaristas y sin ningún contraste ni experiencia previa en este ámbito productivo, si se tiene en cuenta que aun existen incentivos recogidos en las Directrices que no se han materializado".
Así, destacan que "se pretende una rehabilitación que sólo puede materializarse en suelo rústico, al margen del planeamiento, y que, obviamente, llevará a su modificación, con la aquiescencia de los planes sectoriales de turismo, que modificarán por vía de excepcionalidad el Plan Insular y los de ordenación municipal".
Especial mención les merece el incentivo para la creación de nuevos hoteles-escuela, ya que, en su opinión, "habilita la promoción de este tipo de complejos con la excusa de destinarlos a una actividad docente en el ramo de la hostelería a corto plazo".
Con este incentivo, el COAC cree que se ha pretendido "a través de un subterfugio, primar la creación de nueva planta hotelera en detrimento de la rehabilitación, defendida como pilar básico de las medidas propuestas, pudiéndose comprobar su verdadera intención, que no es otra que ladear la denominada popularmente como Ley de Moratoria".
Los arquitectos rechazan además que se admitan nuevos crecimientos turísticos "con magníficos incentivos en camas sin reparar en que los nuevos complejos, de mayor categoría y capacidad residencial, consumen mucho más suelo que el desalojado por las operaciones de sustitución", lo que implicará "sumar el que resulta de aplicar los estándares obligados por la legislación sectorial de aplicación, la implantación de nuevas infraestructuras de apoyo y el consumo de más recursos para el desarrollo de la nueva actividad".
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