La Agencia de la legalidad urbanística comienza su andadura con la adhesión 21 municipios

Santiago de Compostela.-  Siete ayuntamientos gallegos serán los primeros en incorporarse a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU), consorcio encargado de velar por la utilización racional del suelo, a los que se unirán en breve otros catorce.

El Consello de la Xunta ha dado hoy el primer paso para la puesta en marcha de la APLU, al acordar la firma de convenios entre la agencia y los municipios de A Baña, Cedeira y Sada, en la provincia coruñesa; Carballeda de Avia, Castrelo de Val y Vilardevós, en Ourense y el pontevedrés de A Guarda.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, explicó que la entrada de otros catorce municipios se decidirá en el Consello de Gobierno de la semana que viene.

Recordó que los municipios que se integran en la agencia delegan en ella sus competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística para determinados tipos de suelo.

Así, serán los funcionarios y expertos de este organismo los que ejerzan las competencias respecto de los usos de suelo rústico, urbanizable mientras no haya plan parcial, y en los núcleos rurales delimitados.

Los ingresos obtenidos por multas coercitivas y sanciones administrativas impuestas en ejercicio de las competencias delegadas serán repartidos a partes iguales, de manera que la mitad irá a parar a la administración autonómica y la otra parte se ingresará en las cuentas municipales.

La integración de los primeros municipios en la APLU será plenamente efectiva una vez firmados los primeros convenios autorizados hoy por el Gobierno y tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

La adhesión a la agencia es voluntaria y corresponde a los propios ayuntamientos, que deben aprobarlo en sesión plenaria municipal.

Junto a los siete primeros ayuntamientos que se incorporan al consorcio, en los próximos días se adherirán otros catorce que ya tienen ultimada la tramitación administrativa necesaria y cuyos convenios también deberán ser autorizados.

Se trata de los de Abegondo, Oroso y Val do Dubra, en A Coruña; Becerreá, Castroverde y Ribeira de Piquín, en Lugo; Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Piñor, Verín y Vilamarín, en Ourense, y los pontevedreses de Moraña y Pontecesures.

La APLU es un ente público consorciado del que forman parte la Xunta y los municipios que decidan adherirse. Su cometido es la vigilancia del territorio para velar por el uso racional del suelo, la ordenación del territorio, especialmente en la zona rural, y la inspección de áreas sensibles como el litoral en la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre.

Los estatutos de la agencia recoge sus funciones, entre ellos la inspección y vigilancia sobre actos de edificación y uso de suelo; la adopción de medidas cautelares previstas en la legislación urbanística o la instrucción de expedientes de reposición.