Barcelona.- CiU cuestiona la validez de todas las órdenes, decretos o actos administrativos firmados por Josep Lluís Carod-Rovira como vicepresidente del Govern, y exige al Ejecutivo catalán un informe jurídico que avale la legalidad de sus decisiones y no descarta la vía judicial si el informe no le convence.
El vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira.
CiU considera que desde que Carod fue nombrado conseller de la vicepresidencia, en noviembre de 2006, ha firmado "bastantes" órdenes con un cargo que no tenía, el de vicepresidente, y recuerda que no fue hasta ayer, con la aprobación de la ley de la Presidencia, que ese cargo se formalizó legalmente.
En declaraciones a los periodistas en el Parlament, el diputado Francesc Homs ha asegurado que Carod debería "cesar" del cargo de conseller de la vicepresidencia y ser nombrado luego vicepresidente del Govern.
En cambio, fuentes de vicepresidencia del Govern han asegurado a Efe que ese trámite no es necesario y que en los próximos días se aprobará un decreto por el cual se formalizará que Carod es vicepresidente del Govern de acuerdo con la ley aprobada ayer.
Asimismo, estas fuentes han asegurado que todas las decisiones que ha tomado Carod son perfectamente legales y están avaladas por los Servicios Jurídicos Centrales.
Homs ha mostrado su "preocupación" por la "seguridad jurídica" de todos los actos administrativos avalados por Carod como vicepresidente.
En consecuencia, ha anunciado que el grupo de CiU pedirá al Govern que le facilite una copia del informe que, según la federación, debería elaborar el Gabinete Jurídico Central para justificar que Carod haya podido tomar decisiones durante dos años firmando como vicepresidente.
CiU también pedirá al Govern una lista de todos los decretos, órdenes y actos administrativos autorizados por Carod usando ese cargo.
Y por último, la federación nacionalista reclama que el Govern comparezca en el Parlament para dar cuenta del nombramiento de Carod como vicepresidente y de los cambios que ello supondrá.
Una vez que el Govern tenga la oportunidad de explicarse, CiU analizará sus argumentos y luego decidirá si acude o no a la vía judicial, opción que baraja.
CiU considera que si Carod ha firmado una convocatoria de ayudas con el cargo de vicepresidente y una entidad tiene dudas sobre su validez jurídica, al final se tendría "que pronunciar la administración de justicia".
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