Un tribunal arbitral dirime en Cuenca un litigio ficticio entre tres países

Cuenca.-  Un tribunal arbitral formado por expertos de varios países y presidido por el presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díaz, ha emitido hoy un dictamen sobre un conflicto internacional por contaminación marina en un juicio simulado incluido en un seminario de regulación jurídica de aguas.

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(EFE)

El presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díez (c), antes del comienzo del simulacro de juicio para resolver un supuesto conflicto internacional por contaminación de aguas continentales, dentro de un seminario sobre regulación jurídica de aguas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El simulacro de juicio se ha celebrado en la sala de vistas de la Audiencia de Cuenca y en el mismo han tomado parte activa expertos de los quince países iberoamericanos, de España, de Francia y de Hungría, que participan en el seminario "Regulación Jurídica y Gestión de Aguas", que se celebra en la sede conquense de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La vista se ha desarrollado siguiendo las normas procesales españolas, aunque con excepciones puntuales, debido a que en el supuesto se ha dado "una amalgama del ordenamiento jurídico de varios países", según ha señalado Díaz.

Bajo su presidencia se ha constituido el tribunal arbitral, que se ha encargado de dictaminar un supuesto conflicto internacional por contaminación de aguas en alta mar, con afección de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, en el que se habían visto implicados tres países.

El incidente había ocurrido cuando un petrolero que transportaba petróleo de uno de los tres países -denominado estado de color azul- y navegaba bajo pabellón de un segundo -llamado estado amarillo-, había naufragado en alta mar, derramando el crudo en una zona que afectaba a especies migratorias del tercer país -estado azul-, en el que la pesca supone el 80 por ciento del PIB.

El vertido había afectado al 50 por ciento de las especies de pesca del estado azul, por lo que reclamaba al estado amarillo el pago de 2.500 millones de dólares anuales durante diez años en concepto de indemnización y al estado rojo la limpieza total del arrecife donde había ocurrido el naufragio.

Estas reclamaciones eran rechazadas por los otros dos países, que defendían su falta de responsabilidad amparándose en la libertad de navegación, en que el incidente se produjo en aguas internacionales y en que el navío naufragado cumplía todos los requisitos legales.

Durante el desarrollo de la vista, los abogados han basado sus argumentaciones en diferentes aspectos recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar), que ha sido firmada por los tres países en litigio.

En la vista han comparecido expertos en pesca, en protección y preservación del medio marino y en navegación, que han evaluado los daños ocasionados, han hecho previsiones sobre daños futuros y han explicado las causas del naufragio.

Éste se produjo cuando el capitán se había ausentado del puente de mando y el barco era pilotado por dos personas que tenían conocimientos pero poca experiencia, aunque este dato no tuvo trascendencia en la decisión final del tribunal.

Finalmente, el tribunal arbitral ha considerado que la reclamación del estado azul es legítima porque, "si bien es cierto que el incidente ocurrió en la zona de alta mar, tuvo una repercusión en su mar territorial, no solamente en la biodiversidad marina sino un impacto económico en el país".

En su decisión, el tribunal ha tenido especialmente en cuenta que durante varios años el estado azul había advertido a los otros dos del peligro de navegar por la zona del naufragio, donde había habido vertidos menores, sin que tuvieran en cuenta las advertencias.

En este sentido, el tribunal arbitral ha considerado que "la libertad de navegación debe ejercerse sin causar perjuicios a terceros y con las debidas medidas de precaución".