Palma.- Las juntas de jueces y magistrados de Baleares han manifestado hoy su rechazo a que las responsabilidades por disfunciones en el sistema judicial recaigan exclusivamente sobre los jueces y se han sumado al pronunciamiento de los jueces decanos de España de rechazar las injerencias políticas en justicia.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, momentos antes de acceder hoy al hemiciclo para asistir al pleno del Congreso, afirmó a los medios de comunicación que el paro convocado por los secretarios judiciales y los jueces pretende "presionar" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no cambie la sanción al magistrado del caso Mari Luz, Rafael Tirado.
En distintas asambleas celebradas hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), la Audiencia Provincial de Palma y los partidos judiciales de Palma, Ibiza, Inca y Manacor, jueces y magistrados han emitido comunicados ante "el estado de opinión" creado en los últimos días, según ha informado el TSJB.
Tras la polémica generada por la mala actuación del sistema judicial en el llamado caso Mariluz, el TSJB ha deplorado que al centrar ante la opinión pública el comportamiento del juez como "causa eminente de la anomalía", se hayan sucedido en el ámbito político reiteradas declaraciones sobre el modo en que debe comportarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El TSJB ha manifestado su confianza en que el CGPJ actuará "exclusivamente bajo el principio de legalidad y con autonomía de criterio políticamente neutro, vitales para preservar la independencia de los jueces, única razón de su existencia" como órgano constitucional que afianza el Estado de Derecho.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma también se han sumado al comunicado de la mayoría de los Magistrados del Tribunal Supremo realizado el pasado 15 de octubre y al del TSJB.
"En lo que afecta a esta Audiencia Provincial, existen carencias manifiestas en dotación de personal y material, especialmente en secciones penales", han denunciado los magistrados de Palma.
Los magistrados han manifestado su esperanza en que el CGPJ asuma "las reformas, mejoras y modernización de la Administración de Justicia anunciadas en su nota de prensa de 20 de octubre, concretando planes de actuación y plazos de ejecución".
La junta de jueces de Palma se ha sumado al rechazo a las injerencias políticas y ha reiterado "la sobrecarga de asuntos que padecen los órganos judiciales".
Los jueces de Palma han exigido al poder ejecutivo -al Gobierno- la creación "de los órganos judiciales necesarios para que cada juzgado soporte única y exclusivamente la carga de trabajo que se establezca en los módulos de entrada del CGPJ y que se equipare la ratio juez por número de habitantes a la del resto de países europeos".
Han pedido también que cada órgano judicial esté dotado de los medios materiales y personales suficientes.
La junta de los jueces de Inca ha añadido a su adhesión a lo anterior y ha denunciado que en dicho partido judicial no existen "jueces sustitutos para cubrir la vacante del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4" de la localidad, lo que implica que "no sólo el sustituto ordinario sino todos los demás jueces del partido deban asumir parte de la carga de trabajo del Juzgado que se halla vacante".
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