Las Palmas de Gran Canaria.- El PSC y NC impidieron hoy que prosperara una reprobación del PP al consejero de Política Social del Cabildo grancanario, Pedro Quevedo, que NC pidió que se dirigiera al ex titular de la corporación y actual vicepresidente del Ejecutivo regional, José Manuel Soria, a quien responsabiliza de la deuda de 45 millones de euros que la comunidad autónoma tiene contraída con la institución insular en materia de asuntos sociales.
El consejero de Política Social y Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo (2d), junto a los consejeros Emilio Mayoral (d) y Roberto Moreno (2i), durante la reunión del pleno extraordinario que la Corporación Insular celebró hoy en la capital grancanaria.
Este fue el único asunto del orden del día de la sesión extraordinaria del pleno celebrada hoy a instancias del PP, cuyo portavoz, Larry Álvarez, que comenzó su intervención pidiéndole que se "vaya", argumentó la moción de reprobación contra Quevedo en sus incumplimientos relacionados con la apertura de residencias, el anuncio del cierre del punto de encuentro familiar de la capital grancanaria, el "desprecio" con el que, en su opinión, trata a los trabajadores del IASS y a los de los Servicios Sociales, y la baja ejecución presupuestaria, que es, dijo, del 41,58 por ciento, a 30 de septiembre.
El consejero Pedro Quevedo rebatió las críticas del portavoz del PP, al que aseguró que a día de hoy el presupuesto del área que dirige se ha ejecutado en más de un 72 por ciento, al tiempo que el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ibarra, le recordó que las cuentas del IASS para el presente ejercicio han crecido un 60 por ciento respecto al año anterior, mientras que las de Servicios Sociales han aumentado un nueve por ciento, lo que las hacen ser las más importantes de la última década.
Respecto al posible cierre del punto de encuentro familiar, del que se benefician 58 familias y 72 menores, un asunto que centró la disputa del pleno, Quevedo dijo no entender por qué el PP no respalda la postura del grupo de gobierno, que no es otra, explicó, que la de exigir al Gobierno de Canarias que cumpla con sus obligaciones.
Así, tanto Pedro Quevedo como el propio presidente del Cabildo al término de la sesión y una vez finalizada la votación de la moción, recordaron que la competencia sobre este servicio, que hasta el momento ha venido prestando y sufragando en solitario el Cabildo, es del Gobierno canario, que adeuda por este concepto 37 millones de euros a la corporación insular, mientras que en otras islas, como en Tenerife, sí aporta partidas para los mismos fines.
"Han venido a pedirnos que nos rindamos, que renunciemos a los derechos de Gran Canaria, que es lo que ustedes hicieron en el mandato anterior", espetó Quevedo a Álvarez.
El portavoz popular también recriminó al consejero de NC que se haya dejado de prestar atención a domicilio a 149 personas y que hable de quiebra técnica para justificar una posible devolución de transferencias de servicios sociales, a lo que Quevedo contestó que los servicios que se han dejado de prestar son también competencia del Ejecutivo regional, si bien los estaba sufragando hasta ahora, sin tener por qué hacerlo, la corporación insular.
"Estamos financiando al Gobierno de Canarias y se trata de exigir que busque los recursos económicos para que se cumplan las normas legales" a las que está sujeto, afirmó, en nombre de NC, el consejero Carmelo Ramírez, quien consideró que esos recursos se pueden detraer tanto de la Radiotelevisión Canaria como de la Policía Canaria.
Fue Ramírez quien propuso al Grupo Popular una enmienda transaccional a su moción de reprobación a Quevedo.
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