Para el Gobierno colombiano, las revueltas indígenas son terroristas

La sombra de las FARC planea sobre cualquier reivindicación social que surja en Colombia, tenga o no que ver la guerrilla en el asunto. Esta tendencia, unida a décadas —si no siglos— de descontento social han convertido una manifestación por los derechos de los indígenas en un polvorín. Lamentablemente, la sangre ha llegado al río. Un indígena ha muerto en los enfrentamientos y decenas de personas han resultado heridas. Los intentos de negociación no han llegado a buen puerto. Aunque el Gobierno colombiano se ha mostrado dispuesto a comprar algunas tierras que le fueron arrebatadas a los nativos, hay otros asuntos sobre la mesa, como la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las acusaciones de terrorismo y, sobre todo, la muerte de 29 indígenas en el último mes a manos de grupos paramilitares, que obstaculizan el entendimiento. Mañana comenzará una gran marcha indígena que comienza con el ánimo de ser pacífica, y que llegará a Cali dentro de una semana.

Guillermo Legaria (EFE)

En Bogotá también ha habido manifestaciones.

Todo comenzó el pasado 12 de octubre. Como en España, en la mayoría de los países de América Latina también conmemoran la llegada de Colón a América: son los festejos del Día de la Raza, una terminología que por su connotación racista ofende a la población nativa del continente, que celebra una fiesta alternativa, la 'Minga de Resistencia Social y Comunitaria', para "pedir el respeto de sus derechos fundamentales", después de cinco siglos de marginación.

En Colombia, donde la población aborigen apenas supera los 700.000 en un país con una población de más 44 millones, lo que piden los indígenas es "el restablecimiento de sus derechos territoriales", unos acuerdos alcanzados con el Gobierno del país tras una masacre de indígenas en las que tomaron parte tanto paramillitares como la propia policía.

Como suele ocurrir en estos casos, los compromisos se olvidaron tan pronto como se firmaron, por lo que este año la Minga indígena ha ido acompañada de la decisión de bloquear un trozo de la carretera Panamericana en la zona del Cauca, le siguió una violenta represión que dejó un muerto, más de cien heridos, decenas de familias desalojadas, un policía mutilado y la implacable acusación de "terrorismo" y de estar ligados a las FARC.

Para el Polo Democrático , más "grave" que la represión policial ha sido "la falsedad del gobierno, las mentiras contra la movilización indígena" que han mantenido las autoridades del país, sobre todo el presidente, Álvaro Uribe. "Se argumenta contra esta Minga como contra la huelga de corteros de caña o cualquier otra movilización civil importante, que está 'infiltrada por las FARC', que se tienen 'pruebas' de reuniones con los guerrilleros para coordinarla y otras especies similares", denuncia el partido en un comunicado.

Precisamente estas acusaciones son las que han cortado cualquier tipo de negociación por el momento. De hecho, el pasado 18 de octubre el Gobierno nacional realizó una reunión en Popayán con algunas organizaciones agrarias del Cauca, pero sin los indígenas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), aunque las organizaciones indígenas y campesinas participantes en la Minga no asistieron a la reunión, "ante los medios de comunicación, el Gobierno nacional ha dado la información de que sí hemos participado e incluso de que hemos llegado a unos puntos de acuerdo y a condiciones para iniciar mesas de concertación".

La organización ha desmentido estas informaciones que acusan a los indígenas de no haber respetado los acuerdos a los que se ha llegado con el Gobierno. ONIC defiende que esto no es cierto porque, sencillamente, no existen tales acuerdos. "Quienes participaron en la reunión son organizaciones que no están en la minga y por tanto no tienen nada que hablar o acordar sobre la misma, aunque lógicamente tienen toda la autonomía para reunirse con el Gobierno nacional", aseguran.

Reivindicaciones universales

Según la asociación indígena más grande de Colombia, no ha habido respuesta por parte del Gobierno colombiano a las reivindicaciones de fondo de los indígenas, cuestiones históricas pendientes de resolver, pero también preocupaciones de futuro por las políticas económicas en cuyo diseño no participa el colectivo indígena, a pesar de estar reconocido su derecho como pueblo. En la Constitución se establece en uno de sus artículos que "el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas".

Es el caso del rechazo que han mostrado los aborígenes por el Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, cuya entrada en vigor —pendiente de ratificar por el Congreso norteamericano— podría afectar a la forma de vida basada en la tierra de los pueblos indígenas. A esto se suma la aplicación del Estatuto Rural que permitiría el expolio de algunos de sus territorios, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe que, según ONIC, "optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial".

Por otro lado, los indígenas solicitan la "derogación de toda la legislación de despojo", ya que sólo en los últimos seis años, "53.885 indígenas han tenido que dejar sus tierras y hoy 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100". Así, este pueblo reitera que "indígena sin tierra es indígena muerto".

Otro tema sangrante para los indígenas en el país suramericano es la creación de mecanismos de "soberanía, paz y convivencia". Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia.

Pero sobre todo, los indígenas colombianos se oponen a la piedra angular de la política uribista: la política de seguridad democrática reforzada por el 'Plan Colombia' y que, para ellos, está directamente relacionado con "la parapolítica, la guerra sucia, la represión, la militarización de la vida social y la criminalización de la protesta", que según ellos, se ha traducido en un "genocido contra" el pueblo indígena colombiano, algunas de cuyas etnias están en peligro de extinción.

Amenaza contra su supervivencia

¿Puede estar un ser humano en peligo de extinción? Su situación es sangrante en un país en el que la minoría indígena está compuesta por unas noventa étnias de apenas un par de miles de personas cada una. De hecho, algunas apenas superan las cien personas. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) recuerda que lo que ha ocurrido en los últismo días se presenta en un contexto general de "violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia". Así, en el último mes 29 indígenas fueron asesinados —muchos de ellos por uno de los denominados por el Gobierno como "grupos emergentes", que se llamallamado las 'Águilas Negras' y que parece el alter ego de las supuestamente extintas AUC—.