Santiago de Chile.- Diez funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y nueve miembros del poder judicial fueron detenidos hoy como presuntos integrantes de una red que protegía y beneficiaba a delincuentes, informaron fuentes oficiales.
Al menos 100 delincuentes se pueden haber beneficiado de la red de corrupción, de los que al menos 30 se encuentran en libertad y sólo tres han sido capturados de nuevo.
Los detenidos se dedicaban a adulterar documentos para lograr beneficios penitenciarios de condenados, borrar antecedentes de los prontuarios judiciales y realizar gestiones para conseguir la libertad de detenidos.
"En un trabajo muy bien hecho la Fiscalía Centro Norte logró determinar la participación de aproximadamente 20 personas y hoy en la madrugada se han despachado las órdenes de aprehensión", declaró a Radio Cooperativa el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.
Los funcionarios de la Policía de Investigaciones detenidos en el operativo, que estuvo a cargo de Carabineros, pertenecen a distintas unidades, como la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) o el departamento de extranjería.
El jefe de la fiscalía de delitos económicos Centro Norte, Iván Millán Gutiérrez, describió la operación policial como una de las "investigaciones de mayor envergadura en lo que se refiere a corrupción de instituciones vinculadas al sector judicial".
Según el fiscal, entre los beneficiados se encuentran delincuentes que están procesados por tráfico de drogas, violación y otros delitos, quienes conseguían documentos legales falsos para rebajar las penas a las que habían sido condenados.
Hasta el momento, según fuentes vinculadas al caso citadas por la prensa local, al menos 100 delincuentes se pueden haber beneficiado de la red de corrupción, de los que al menos 30 se encuentran en libertad y sólo tres han sido capturados de nuevo.
Las órdenes de detención fueron dictadas por la fiscal Nancy González, que investigaba esta red desde abril pasado cuando se detectó que la funcionaria judicial Gloria Navarrete emitió una resolución falsa para dejar en libertad al narcotraficante Janio Henry González.
La mujer, que fue procesada y expulsada del servicio, recibió 300.000 pesos (500 dólares) de parte del detective Manuel Donoso, que a su vez fue dado de baja por la Policía de Investigaciones y formalizado por el Ministerio Público.
Se especula que los funcionarios recibían entre 300.000 y 4 millones de pesos (entre 500 y 6.700 dólares), dependiendo de la gravedad del delito que había cometido el beneficiario de la operación.
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