León.- León, 16 oct. (EFE).- Diversas organizaciones conservacionistas españolas están alarmadas ante lo que puede ser una inusual caza de lobos en la presente campaña, en la que se detecta un endurecimiento de las políticas autonómicas de caza y control de la especie.
Fotografía de archivo de una matanza de lobos.
Sólo en la Comunidad de Castilla y León, la matanza de lobos autorizada oficialmente para esta campaña de caza asciende a 113 ejemplares: 32 en León, 30 en Zamora, 20 en Palencia, 14 en Burgos y cifras menores en Segovia (5), Valladolid (4), Ávila (3), Soria (3) y Salamanca (2). Pero el efecto en la especie, según los expertos, va a ser considerablemente mayor.
"Por cada, lobo abatido legalmente" hay otra cifra, tal vez el doble y en ocasiones el triple, de ejemplares abatidos "ilegalmente", ha afirmado a EFE Alberto Fernández, presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, Ascel.
En la actualidad no existe un censo científico de la especie, que ocupaba hacia 1900 toda la península y cuya distribución se había reducido a unos 100.000 kilómetros cuadrados, el noroeste de España, a finales de la década de los 80, cuando el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), encargó un estudio global, en el que se detectaron unos 300 grupos familiares.
En 2001 se estimaron en la Península Ibérica de 254 a 322 grupos familiares (254 confirmados y 68 probables) distribuidos a lo largo de 140.000 kilómetros cuadrados, lo que podía suponer una población efectiva de 500-650 adultos reproductores.
Desde esa fecha, la situación de la especie se habría estabilizado, incluso con algunas pérdidas de hábitat, como en el sur de Soria y Guadalajara, donde llegó a haber reproducciones en el 2000 y no las hay ahora.
Los grupos conservacionistas detectan un endurecimiento de la política frente al lobo: "Los permisos para cazar lobos alcanzan a un 10 por ciento de la población estimada. Es una barbaridad porque se ha incrementado el cupo legal, que no se controla en su ejecución, y además están las matanzas ilegales, el cupo ilegal", ha dicho a EFE el presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), Roberto Hartasánchez.
El dirigente de Fapas ha declarado que el lobo "es cabeza de turco del mundo ganadero, pero además hay grandes intereses económicos en este asunto".
"Piensa -dice Hartasánchez- que si le dan a un coto permiso para matar 3 lobos y nadie controla, se pueden matar hasta 10 o 12. ...y a 3.000 Euros que se paga la pieza... el negocio es evidente".
Un portavoz del Grupo Ecologista de la Montaña Oriental Leonesa, Gedemol, ha destacado que sólo en la zona de Riaño se ha autorizado un cupo para matar a 15 lobos, aunque la cifra es más grave por falta de control de lo que realmente se llega a cazar y su efecto sobre el resto de los grupos familiares.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Ascel, es pesimista: "La Junta de Castilla y Leon tiene en su territorio el 60 por ciento de los lobos de España, y parecía que este año pretendía una política más ordenada, pero no ha sido así", ha afirmado su presidente.
"La Junta -ha añadido- sigue una política de controles durísimos, incluso al sur del Duero, donde los lobos, según la "Directiva Habitat" se pueden controlar, pero no cazar. La ultima disposición de la Junta permite la caza al sur del Duero, y la vamos a recurrir ante las instituciones comunitarias", ha afirmado Alberto Fernández, titular de Ascel.
Por otra parte, según el presidente de Ascel, Asturias también ha endurecido este año su plan de gestión, no en cuanto al número sino por la fecha. Se ha matado al lobo en época de cría y se han matado a hembras en gestación, lo que implica la existencia de grupos sin reproducción en este año.
En Asturias "la guardería eliminará de treinta a treinta y tantos individuos este año" en función de lo cazado en las "zonas de exclusión", donde el animal es abatido indiscriminadamente. En esta comunidad, al parecer, se habrían matado ya en la campaña 18 animales.
Otra gran región lobera es Galicia, donde aun no se ha divulgado el plan de gestión, según el titular de Ascel.
Por último, la política ante el lobo suele ser durísima en el País Vasco, donde existe una especie de "limbo legal" que permite controles capaces de erradicarlo de las zonas donde se localice, ha afirmado Alberto Fernández.
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