Valencia.- El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha afirmado hoy que mientras el Gobierno central "no regule el problema de la inmigración va a ser muy difícil que se pueda planificar la entrada de alumnos en la educación pública y en la educación financiada con fondos públicos".
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora (i), ha afirmado hoy que mientras el Gobierno central "no regule el problema de la inmigración va a ser muy difícil que se pueda planificar la entrada de alumnos en la educación pública y en la educación financiada con fondos públicos".
Font de Mora ha hecho estas declaraciones en la sesión de control parlamentaria, donde ha sido interpelado por el portavoz de Educación del PSPV-PSOE, Adolf Sanmartín, quien le ha preguntado sobre la política general de la Conselleria con respecto a la enseñanza pública valenciana en el inicio de este curso escolar.
El conseller ha animado al socialista a hacer "una apuesta a ver si es capaz de decir cuántos alumnos se van a incorporar procedentes de la inmigración en esta comunidad a lo largo del presente curso", ya que "hace tres años fueron 5.000, luego 9.000 y ahora en este curso pasado han venido 11.000".
"A pesar de todo nosotros tenemos un esfuerzo ingente en materia de construcciones escolares", ha asegurado y ha recordado que esta opinión sobre la imposibilidad de planificar las necesidades de centros sin una previsión de la llegada de alumnos inmigrantes la comparten los responsables de Educación del Gobierno catalán.
El conseller ha reconocido que existen "dificultades" para adaptarse a las "situaciones cambiantes", pero ha puntualizado que lo que no puede negarse es que se han invertido en poco más de cinco años más de 1.300 millones de euros a través de la empresa pública Ciegsa, de la que ha defendido su transparencia.
El portavoz socialista ha denunciado la "insuficiencia de centros públicos y la persistencia de barracones" en la Comunitat Valenciana, donde hay 1.300 aulas prefabricadas, lo que supone que 30.000 alumnos estudian en estas instalaciones, ha indicado.
Sanmartín han indicado que esto supone que el Consell está pagando un alquiler de 360 euros al mes por estas aulas, lo que supone medio millón de euros mensuales y seis millones de euros por curso.
Asimismo, ha denunciado que la escolarización no es "equitativa ni equilibrada", ya que los centros públicos concentran el 85 por ciento del alumnado inmigrante.
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