El fondo de compra de activos tendrá control parlamentario y operará desde este año

Madrid.-  El fondo de 30.000 millones de euros para la adquisición de activos financieros de calidad, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tendrá control parlamentario cada cuatro meses y comenzará a operar antes de final de año con un crédito extraordinario de 10.000 millones.

Además de esta medida, el Gobierno también dio el visto bueno al aumento hasta 100.000 euros de la cobertura del fondo de garantía de depósitos y del de garantía de inversiones para los clientes de entidades financieras, empresas de servicios de inversión y gestoras de fondos en la actividad de gestión discrecional de cartera.

Esta iniciativa entrará en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El fondo para la adquisición de activos con calificación AAA estará dotado con 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones, cantidad que el Gobierno no se plantea aumentar, explicó hoy a los medios el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

El Gobierno prevé que, después del crédito de 10.000 millones previsto para lo que queda de año, el resto de operaciones se hagan el próximo.

Dicho fondo, que tiene por objetivo aumentar la financiación a empresas y particulares, invertirá en activos financieros de máxima calidad, emitidos por las entidades de crédito y fondos de titulización respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras.

Al respecto y en alusión a la petición del PP de que el Ejecutivo garantice que el fondo llegue a las familias y las pymes, el ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó que "no es labor del Gobierno decirle a los bancos cómo manejar su cartera".

Lo que pretende hacer el Gobierno, insistió, es sacar del activo de las entidades créditos "bloqueados" porque son a muy largo plazo y, en consecuencia, darles margen para actuar.

A partir de ahí, señaló, los bancos tienen capacidad para dar crédito a las familias y las empresas y "lo lógico" es que vaya a ellos porque estos créditos son "más dinámicos y con vencimientos menores".

Vegara, por su parte, explicó que el fondo se regirá por criterios de objetividad, rentabilidad, transparencia, eficiencia y diversificación.

En este sentido, matizó que se establecerán límites para garantizar a las entidades la igualdad de oportunidades y para evitar invertir en el mismo tipo de activos.

Para el desarrollo de las operaciones del fondo, el Tesoro tendrá que emitir deuda del Estado que colocará al mejor precio entre inversores mediante subastas.

La administración, gestión y dirección del fondo corresponderá al Tesoro a través de un Consejo Rector y de su Comisión Ejecutiva.

El Consejo Rector, presidido por el ministro de Economía, se encargará de establecer las directrices de inversión, hacer el seguimiento y evaluación de su actividad, así como de decidir sobre la aplicación de los rendimientos de los activos.

Por su parte, la Comisión se encargará de la gestión y decidirá las inversiones que llevará a cabo el fondo, con el asesoramiento de un comité técnico que seguirá las recomendaciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, Vegara insistió en que la gestión del fondo estará sometida a "estrictos" controles, entre los que citó una auditoría pública por parte de la Intervención General del Estado y el control parlamentario.

Este último seguimiento se llevará a cabo a través de un informe que cada cuatro meses se remitirá a la Comisión de Economía del Congreso.

Según defendieron tanto Solbes como Vegara, la creación del fondo tendrá un coste cero para los ciudadanos, ya que la máxima calidad de los activos garantiza la recuperación del capital invertido e incluso ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad adicional.

"No quiere decir que no haya riesgo, pero se buscará que la rentabilidad lo compense", añadió Vegara.

También insistió en que estas medidas no son "un plan de rescate" al estilo estadounidense porque "afortunadamente la economía española no lo necesita", sino una forma de mejorar el acceso de las entidades al mercado de capital.