Caracas.- Familiares de los jefes policiales presos por su presunto nexo con el golpe de Estado que en 2002 derrocó brevemente al presidente venezolano, Hugo Chávez, entregaron hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) un documento en el que piden la intervención del organismo.
Los detenidos pertenecían a la Policía Metropolitana, que estaba subordinada al entonces alcalde de Caracas, Alfredo Peña, actualmente prófugo de la justicia y presumiblemente radicado en Estados Unidos.
"Vamos a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga porque se están violando los derechos humanos de un grupo de venezolanos que son inocentes y que permanecen recluidos en las cárceles", dijo Yajaira de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero.
Los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis y ocho agentes están acusados por la Fiscalía de tener responsabilidad en la muerte de ocho de las 19 víctimas que se registraron el 11 de abril de 2002, durante los disturbios que precedieron al golpe.
"Tenemos seis años y 20 meses con el juicio y ahora está paralizado, ya que la juez en forma descarada mandó a revisar 206 actas y 206 vídeos de este caso", denunció la esposa del comisario.
Los detenidos pertenecían a la Policía Metropolitana, que estaba subordinada al entonces alcalde de Caracas, Alfredo Peña, actualmente prófugo de la justicia y presumiblemente radicado en Estados Unidos.
El juicio penal comenzó el 20 de marzo del 2006 y desde entonces ha sufrido diferentes "altibajos" que, en opinión de la defensa de los acusados, obedecen a los "vaivenes" políticos del país.
Los policías detenidos, considerados por sus familiares "presos políticos", no fueron beneficiados con la amnistía que Chávez otorgó en diciembre de 2007 a personas implicadas en el golpe.
Una jueza del estado de Aragua (centro), Maryorí Calderón, mantuvo firme entonces la orden de prisión y negó el sobreseimiento del caso y la inclusión de los policías como beneficiarios de la amnistía.
En enero de 2008 la defensa de los acusados abogó por ellos ante las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México en Caracas.
Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de honor", en diciembre de 2004, un documento en el que la Fiscalía se comprometió a respetar los derechos judiciales de esos policías.
Eso sucedió después de que el Gobierno salvadoreño les negara el asilo político que solicitaron tras ingresar en su sede diplomática en Caracas.
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Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
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