Madrid.- Nadie conoce la incidencia real del fenómeno, porque muchos están en España en situación irregular, sin papeles, pero hay estimaciones que cifran en unos 200.000, incluso en más de 600.000, los inmigrantes que cuidan ancianos. Una realidad silenciosa pero cada día más visible.
Una anciana camina acompañada por una joven inmigrante en un pueblo de Granad.
"Cubren una necesidad social acuciante. Además de cuidados, dan a nuestros mayores compañía y cariño, muchas veces en circunstancias muy difíciles", asegura, en declaraciones a Efe, Begoña Gutiérrez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Es un trabajo "muy duro" que frecuentemente se desarrolla en un régimen "casi, casi de esclavitud", con "jornadas de trabajo de veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año", por un salario que casi nunca supera los 800 euros mensuales, destaca Isabel Quintana, presidenta de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras del Hogar.
"Hay inmigrantes que, ante la imposibilidad de encontrar otro trabajo al llegar a nuestro país, o unas condiciones de vida dignas transcurrido un tiempo, aceptan ocuparse de un anciano por menos salario, quinientos o seiscientos euros. Y eso no lo deberíamos consentir", añade Isabel Quintana.
UGT considera que "es preciso abordar de manera decidida el control y lucha contra el empleo irregular y la explotación laboral" de los inmigrantes.
"No se puede esperar que los inmigrantes resuelvan situaciones coyunturales de necesidades en el mercado de trabajo y que vuelvan a sus países cuando éstas ya no existan, o que permanezcan anclados en determinados sectores de actividad y puestos de trabajo", argumenta el sindicato en el último número de su revista "Unión".
CASI 950.000 MAYORES DE 85 AÑOS
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2008, tenía contabilizadas 5.786.088 personas de 70 y más años, de los cuales 2.361.911 eran hombres y 3.424.177 mujeres. Casi 950.000 tenían 85 y más años.
Según la última encuesta del IMSERSO sobre condiciones de vida de nuestros mayores, de 2004, el 28,3% de los ancianos españoles viven solos.
Entre 1991 y 2005, apuntan diferentes estudios, el número de españoles octogenarios se incrementó en un 66%, y las previsiones estiman que en 2050 el 11,1% de la población española, unos seis millones de personas, tendrán más de ochenta años.
Si en 1910, destaca el estudio del IMSERSO, los españoles octogenarios eran 115.000, en 2020 la previsión apunta que serán tres millones. El INE calcula que en 2010 serán más de 7.000 los centenarios y en 2050 más de 55.000.
Datos y previsiones de futuro que ponen de manifiesto el envejecimiento progresivo e imparable de la población española, con una esperanza de vida en estos momentos de 76,63 años en el caso de los hombres, y de 83,36 en el de las mujeres. En 2030, asegura el IMSERSO, aumentará hasta 80,89 y 86,92 años, respectivamente.
Naciones Unidas, en sus proyecciones de población, calcula que en 2050 España será el tercer país con más viejos del mundo, el 34,1% de su población, por detrás de Japón e Italia.
Ese envejecimiento -cada vez son más las personas dependientes- y la incorporación de la mujer al mercado laboral -sobre ellas recae tradicionalmente el cuidado de hijos y ancianos- explicaría pues la creciente demanda de cuidadores para personas mayores, y el que los inmigrantes hayan encontrado ahí un trabajo que, como en otros casos, los españoles rechazamos.
AUTÉNTICO PROBLEMA SOCIAL
El doctor Andreu Bover, director del departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares, habla, en un estudio sobre inmigración y cuidado de ancianos, de que se trata de un "auténtico problema social", el del "aumento progresivo de una población dependiente que ni las familias ni las instituciones pueden atender".
"Su trabajo -destaca este profesor universitario- es esencial para muchas familias y para el mantenimiento de la salud de nuestras poblaciones".
La Ley de Dependencia contempla diferentes tipos de ayudas para los ancianos dependientes, y en casos concretos "prestaciones monetarias para cubrir los gastos de un servicio de cuidadores" no profesional, a cargo de familiares o de contratados.
Otros dos profesores de la Universidad balear, Lluis Ballester y Carmen Orte, han estudiado el problema y concluido que la mayoría de los cuidadores -el 91%- son mujeres latinoamericanas, contratadas directamente -el 62%- por las personas a cuidar o por sus familias, con edades comprendidas entre 22 y 45 años y casi siempre "sobreexplotadas".
Mujeres en un 54% casadas, con un nivel medio de estudios, poca experiencia en el cuidado de ancianos, aunque con una cultura en la que todavía se les venera, y una situación legal en España no regularizada. Mujeres con "una buena capacidad de comunicación" con las personas que cuidan y "estilos de relación afectuosos". El estudio concluye que tienen "una reducida competencia laboral con mujeres españolas".
ALTO GRADO DE SATISFACCION
Lluis Ballester ha constatado el "muy alto" grado de satisfacción que en general provoca el trabajo de los inmigrantes cuidadores, tanto entre los ancianos como entre sus familiares, pero, al igual que otros profesionales consultados por Efe, apunta la necesidad de profesionalizar esos cuidados.
"No todo el mundo sirve para cuidar a un anciano, más si su estado de salud es delicado", afirma María Angeles García Antón, trabajadora social de Cruz Roja, psicóloga y coordinadora de la comisión de seguimiento de la Ley de Dependencia en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
García Antón no elude hablar de "picaresca" y de "abusos", tanto por parte de los cuidadores como de las familias que los contratan, y hace hincapié en su escasa preparación, cuando no ausencia total de conocimientos y experiencia para tan delicado trabajo.
"No se trata sólo -dijo a Efe- de sacarles a pasear o sentarse con ellos a ver la televisión. Tienen que saber cómo moverles, estar muy pendientes de su medicación, de su alimentación... No todo vale".
Esta trabajadora social plantea la necesidad de que las Administraciones públicas "tomen cartas en el asunto", regulando las obligaciones y derechos de estos trabajadores y garantizando una formación "que en muchos casos brilla por su ausencia". "No podemos, como ocurre con frecuencia, contratar a un cuidador poniendo un anuncio en la calle o en un comercio. Tenemos que poder seleccionar, ver quien sí y quién no es idóneo".
"Tenemos que tener la garantía de que los cuidados que recibirán nuestros ancianos son los adecuados. No es suficiente el cariño y la compañía. Debe haber una supervisión constante de su trabajo por parte de las familias", recomienda.
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