Bruselas.- Los países de la Unión Europea necesitan más niños para combatir el envejecimiento demográfico, un objetivo al que espera contribuir un paquete de medidas propuestas hoy por Bruselas para impulsar la natalidad y facilitar la conciliación entre la vida profesional y familiar.
El comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, el checo Vladimir Spidla.
Las iniciativas incluyen la ampliación del permiso por maternidad de 14 a 18 semanas y el aumento de la prestación ligada al mismo, algo que "evitará penalizar económicamente a las mujeres que tienen niños", explica la propuesta, presentada por el comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla.
La nueva normativa dará más flexibilidad a la hora de disfrutar de la baja y sólo obligará a tomar seis semanas justo después de dar a luz, mientras que el resto de tiempo se podrá repartir en función de las necesidades de la madre (ahora en muchos países es obligatorio tomar una parte antes del nacimiento).
Además, recomienda a los países que la prestación del permiso maternal ascienda al cien por cien del salario, aunque permite establecer como tope el nivel de una baja por enfermedad.
El texto prevé también disposiciones para proteger a las madres trabajadoras, obligando al empresario a justificar por escrito cualquier despido producido no sólo durante la baja (como prevé la actual normativa), sino también en los seis meses siguientes a la misma.
En la actualidad, la duración del permiso de maternidad en la UE varía entre las 14 y las 28 semanas (en España es de 16), y puede alcanzar en ciertas circunstancias las 52 semanas.
Según la CE, una baja más larga tendrá un impacto positivo en el estado de salud de las madres, permitirá que se recuperen mejor de los partos y establecerá un vínculo más sólido con sus hijos recién nacidos.
Spidla aseguró que el impacto económico de esa y otras medidas "no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión de futuro", dado que animará a muchas mujeres que ahora no trabajan a incorporarse al mercado laboral.
La ampliación del permiso de maternidad, recogida en una propuesta de Directiva, señala que en la consulta previa a la misma algunos estados miembros se mostraron favorables a "un ligero aumento" de esa duración.
Otros países se declararon dispuestos a "incrementar la remuneración acordada", mientras que unos cuantos declararon su oposición a "cualquier cambio a nivel de la UE".
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo esta semana que España considera "muy positivas" las iniciativas de Bruselas y aseguró que el Gobierno trabajará en esa línea, aunque precisó que la ampliación a corto plazo de la baja por maternidad a las 18 semanas "no está prevista a priori".
Según la Comisión Europea, el índice de fertilidad de las europeas (número de hijos por mujer) se sitúa en 1,51, muy lejos de la tasa de reemplazo generacional (2,1), que no se alcanza en ningún país de la UE.
En España, esa tasa es del 1,33, aunque las españolas de más de 40 años aseguran que querrían tener de media más de dos hijos.
Por otra parte, la Comisión presentó hoy un informe que pasa revista a los progresos logrados en los estados miembros para aumentar el número de guarderías en la UE y hacerlas más asequibles.
Los gobernantes europeos se comprometieron hace seis años a conseguir que, en 2010, al menos el 90 por ciento de los niños entre 3 años y la edad escolar obligatoria tuviera acceso a guarderías, porcentaje que tenía que llegar al 33 por ciento en el caso de los menores de 36 meses.
El informe destaca que España figura entre los pocos países que ha superado ambos objetivos, junto con países como Bélgica, Dinamarca, Holanda o Suecia.
Sin embargo, el resto de estados miembros "todavía deben hacer progresos importantes", señaló Spida.
La Comisión recuerda en el informe que "no tiene competencia directa" en el ámbito de las guarderías, pero advierte de que hará un "seguimiento regular" de los objetivos fijados y "propondrá, en caso necesario, recomendaciones específicas a ciertos países".
Por otro lado, Bruselas presentó hoy una propuesta de Directiva para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad independiente.
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