Oviedo.- Los grupos parlamentarios del PP y de IU-BA-Los Verdes han acusado hoy al Gobierno regional de promover la "omertá", la ley del silencio mafiosa, en torno al sobrecoste de 250 millones de euros en las obras de ampliación del puerto de El Musel.
El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez (i), el coordinador de IU, Jesús Iglesias (c), y el portavoz del PSOE, Fernando Lastra (d), conversan durante el pleno que se celebró hoy en la Junta General del Principado.
Ambos grupos se han manifestado así durante el debate en el pleno que hoy celebra la Junta General del Principado de una interpelación presentada por el PP relativa a la elevación del coste en la inversión prevista para ampliar la terminal gijonesa.
Para el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, la responsabilidad de este sobrecoste, que ha llevado a que la inversión prevista pase de 579 a 830 millones de euros, un 43,3 por ciento más, es "de quien ha gestionado mal la obra y ha cometido los errores" que han provocado esta situación.
"Nadie está en contra de la ampliación, ni de que se paralicen las obras ni de la posibilidad de recibir financiación", ha afirmado Cuervas-Mons que ha incidido además en que el Gobierno pretende demostrar que todo el que cuestione cómo se ha gestionado la obra "está en contra de los intereses de Asturias".
A su juicio, lo que se está pidiendo desde el Ejecutivo regional y la Autoridad Portuaria a los grupos de oposición es que apliquen la "omertá" tras haber pretendido "ocultar la realidad desde el primer momento" sobre los deslizamientos registrados.
El diputado de IU Francisco Javier García Valledor ha coincidido con el parlamentario popular en achacar al Gobierno que plantee que se ejerza "la ley del silencio" con el objetivo de que "una mala gestión no pueda poner en cuestión la posibilidad de obtener fondos europeos".
A su juicio, la principal responsabilidad en esta situación corresponde a la UTE de empresas adjudicatarias de las obras a las que, ha subrayado, se pretende resolver "un problema privado con dinero público".
Para el consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía, la interpelación del PP, que le había obligado a comparecer por cuarta vez en la Cámara para referirse a este asunto, es "cainismo en estado puro" una actitud que, a su juicio, no es exclusiva de los populares sino "compartida con otros".
En este sentido se ha referido a la denuncia presentada ante la Unión Europea por Los Verdes, que concurrieron en coalición electoral con IU en los últimos comicios, que ha obligado a paralizar en Bruselas el proceso para autorizar que se destinen nuevos fondos comunitarios para financiar el sobrecoste.
"Su único objetivo es hacer ruido de forma continua para que se oiga en Bruselas, para dar imagen de desprecio a fondos de cohesión al hablar de supuestas mafias de canteras o de transportes por parte de grupos que se han opuesto siempre a esta obra", ha añadido.
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