La Paz.- Los abogados defensores del ex prefecto de la región boliviana de Pando Leopoldo Fernández anunciaron hoy que interpondrán una denuncia ante Amnistía Internacional por la supuesta violación de los derechos del ex funcionario en su confinamiento en una cárcel de La Paz.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, dijo en una rueda de prensa que la denuncia señala que no se respetan "los derechos humanos" y "las garantías individuales" de su defendido, al que, según el abogado, el Gobierno le prohíbe hacer declaraciones a la prensa.
El abogado de Fernández, Karlo Brito, dijo en una rueda de prensa que la denuncia señala que no se respetan "los derechos humanos" y "las garantías individuales" de su defendido, al que, según el abogado, el Gobierno le prohíbe hacer declaraciones a la prensa.
Fernández está detenido desde hace 16 días en una cárcel en el centro de La Paz, acusado de violar el estado de sitio decretado en Pando por el Gobierno, con el argumento de que allí se produjo una "masacre" de campesinos seguidores del presidente Evo Morales.
Desde que se produjeron las muertes el pasado 11 de septiembre, la cantidad de fallecidos ha cambiado varias veces en los informes del Gobierno, desde los cálculos iniciales que daban cuenta de una treintena a 16 ó 18, mientras en la prensa local se habla de trece.
La Fiscalía General ha denunciado por "genocidio" a Fernández, pero también al senador pandino Abraham Cuéllar -afín al Gobierno de Morales- y al dirigente Miguel Becerra, opositor al ex prefecto.
El abogado Brito aseguró que en contra de su defendido pesa una orden de confinamiento por la que le impiden hacer declaraciones a la prensa, pero también ha sido acusado formalmente de genocidio y, sin embargo, no puede ejercer su derecho a la defensa.
"Hasta el día de hoy no podemos establecer con firmeza si el señor Fernández tiene la calidad de confinado político o está detenido preventivamente", afirmó Brito.
El abogado insistió en que Fernández debe ser investigado por la Fiscalía General y procesado por la Corte Suprema y trasladado a la ciudad de Sucre (sede del poder Judicial) para un juicio de responsabilidades.
También criticó que el Gobierno mantenga propaganda en el medio estatal de televisión en el que se acusa a Fernández de la masacre, sin darle la opción de declarar a la prensa.
Señaló que si la situación de Fernández se mantiene como está, presentarán una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los hechos de Pando también son investigados por una comisión de varios partidos de la Cámara de Diputados que definirá el grado de responsabilidad de los acusados y por una "comisión de la verdad" de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Producto de los violentos sucesos de Pando también han sido detenidas y confinadas otras 14 personas que se encuentran recluidas en una instalación militar en La Paz.
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